La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró este miércoles que su compromiso con las leyes es inquebrantable e incuestionable en referencia a la decisión de la Cámara de Diputado de abrir un juicio político en su contra por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
“Son inconsistentes y no proceden las razones que fundamentan esta solicitud, no existe ningún acto ilícito practicado por mi, ni sospecha de mal uso del dinero público, y no tengo cuentas en el exterior”, dijo la mandataria el Palacio presidencial de Planalto.
«Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño», declaró Rousseff.
Rousseff afirmó que las acusaciones en su contra carecen de argumento. “No existe nada que confirme mi supuesta responsabilidad en hechos de corrupción durante mi Gobierno”, expresó.
A su juicio, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, actuó de manera apresurada al avalar como positivo un juicio político en su contra. “Nunca use recursos del Estado para uso personal”, reiteró la mandataria.
Recalcó que jamás aceptaría patrañas y menos de aquellas personas que atenten contra el libre funcionamiento de las intuiciones democráticas de su país.
“Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad que el proceso que adelanta la Cámara de Diputados contra mi no procederá”, dijo.
Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso al que, en su opinión, el país necesitaba enfrentarse.
El analista político brasileño, Beto Almeida, explicó en entrevista para teleSUR, que aún falta un proceso de votación dentro la Cámara de Diputados para que se abra el proceso de juicio político contra la mandataria, lo que podría tomar tiempo.
Según el artículo 218 del reglamento interno de la Cámara de Diputados se admitirá la apertura de un proceso contra el denunciado si se obtuvo los dos tercios de los votos de los miembros, decisión que se comunicará al Presidente del Senado Federal dentro de dos sesiones.
Esta entrada fue modificada por última vez el 2 de diciembre de 2015 a las 6:43 PM