SAN PABLO – BRASIL / La Policía Federal de Brasil allanó este jueves 22 propiedades de empresarios acusados de financiar la movilización de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro para invadir la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero con el objetivo de provocar un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los allanamientos se realizaban en los estados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul a pedido del Supremo Tribunal Federal y en el marco de la operación Lesa Patria, que ya procesó a 550 de los 1.390 imputados de haber participado en la intentona golpista realizada una semana después de la asunción de Lula como presidente de Brasil.
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«Fue determinado el bloqueo de bienes y valores de los investigados por 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) para cubrir y reparar los daños causados a la propiedad pública», dijo hoy la Policía Federal en un comunicado.
BOLSONARO SE JUSTIFICA
El expresidente Jair Bolsonaro declaró el mes pasado ante la Policía Federal por haber publicado en las redes sociales un video en el cual pedía la liberación de los detenidos por golpismo y se denunciaba fraude en las elecciones.
Bolsonaro argumentó ante el comisario que lo interrogó que publicó el video por error en Facebook porque estaba bajo el efecto de la morfina, recuperándose de una internación por problemas gástricos durante su estadía de tres meses en Estados Unidos.
Por el intento de golpe está detenido y procesado el exministro de Justicia Anderson Torres, quien en el momento de la intentona era el secretario de Seguridad y había ordenado a la policía no reprimir a los golpistas que asaltaron la sede de la Corte, el Congreso y el Palacio del Planalto.
Según la prensa brasileña, uno de los empresarios investigados es Geraldo Killer, un ruralista que financió parte de la campaña para la fallida reelección de Bolsonaro y la del senador Marcos Pontes, el astronauta que fue ministro de Ciencia y Tecnología bolsonarista.
Esta fase de la investigación apunta a encontrar a los que financiaron los campamentos frente a los cuarteles del Ejército en Brasilia y en las principales ciudades del país para pedir la intervención militar desconociendo la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 contra el presidente Lula.
Esta entrada fue modificada por última vez el 11 de mayo de 2023 a las 11:57 AM
