El año 2018 concluye en Nicaragua con el recuerdo fresco de un Golpe de Estado que aunque fue derrotado, significó vivir los días más sangrientos del nuevo siglo.
La violencia extendida durante casi 3 meses dejó de acuerdo a cifras verificables un estimado de 198 personas fallecidas, entre ellos más de 20 oficiales de la Policía Nacional.
Hoy las intenciones por las que se perpetró están claras, pero para tratar de llevarlo a cabo, los sectores que no gozan de respaldo popular se vieron orillados a la mentira, la violencia y el terror.
Se trataba de una estrategia para manipular los sentimientos de las masas a través de noticias falsas y la descalificación, ofensas, amenazas e incluso el asesinato de los que se atrevían a realizar llamados a la razón.
Fue un plan configurado para sembrar falsos y enfermizos ideales nacionalistas, para crear “líderes” que estuvieran listos para dirigir el coro incendiario por las calles de un país que es por naturaleza amante de la Paz.
Los responsables de sembrar la semilla del caos fueron oenegés creadas y mantenidas en funcionamiento gracias al financiamiento de organismos gubernamentales de los Estados Unidos de Norteamérica, una potencia con largo historial intervencionista en la región.
Si bien durante los casi 12 años desde que el FSLN asumió nuevamente las riendas del país a través de los votos, existieron constantes ensayos – como el caso de la exigencia de restituir la pensión reducida en 2013, creada por el sandinismo en el primer período y negada durante 3 gobiernos de corte neoliberal de derecha – y preparativos que habían madurado para abril de 2018.
Durante ese mes, los momentos de violencia se dividieron en dos. La primera etapa fueron presuntas protestas de corte ambiental surgidas desde la Universidad Centroamericana (UCA), abiertamente opositora al Gobierno; y la segunda etapa tuvo que ver con las reformas al reglamento de la Seguridad Social, que si bien aumentaba las cuotas en un orden cercano al 1%, entregaba mayores prestaciones para los jubilados y permitía mantener la edad de retiro a los 60 años.
Las manifestaciones por la reserva Indio Maíz se apagaron junto al incendio, al cual se habían enviado 1,200 militares del batallón ecológico que junto a los habitantes locales a combatir las llamas.
En ese entonces la excusa era la de que el Gobierno no atendió la emergencia ambiental, a pesar de que se trasladaron medios especializados, sumados a la ayuda de naciones hermanas que enviaron unidades aéreas.
Sin embargo habían logrado “calentar las calles”, según orienta el manual de Golpe de Estado suave elaborado por el estadounidense Gene Sharp, mismo al que medios de comunicación partícipes en la intentona golpista orientaban usar.
En el mismo mes, las reformas del INSS fueron anunciadas. Manifestaciones violentas no correspondientes con la medida administrativa se extendieron durante un fin de semana.
En ese momento las noticias falsas inundaron las redes sociales Facebook y Twitter, además de los servicios de mensajería multimedia como WhatsApp.
La noticia falsa que más conmoción causó fue la del supuesto asesinato de un joven dentro de la UCA.
Durante los meses de violencia las autoridades policiales jamás ingresaron a ningún recinto, respetando la autonomía universitaria.
El hecho falso fue multiplicado masivamente, incluso por medios de comunicación tradicionales, haciendo generar un sentimientos de rencor y venganza que finalmente cobraron a las primeras víctimas mortales.
El primer muerto fue un miembro de la Juventud Sandinista que defendía la alcaldía municipal de Tipitapa. A él le siguió el oficial Jilton Manzanares, que de acuerdo a declaraciones en el juicio contra su asesino, era parte de un grupo policial conformado por unos 12 oficiales que intentaron mantener el orden cerca de la Universidad Politécnica (UPOLI) pero que fueron atacados por unas 300 personas armadas con armas de guerra.
Producto de éstas bajas, el Comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, convocó a un diálogo nacional para crear una alternativa viable a la problemática de la seguridad social.
El llamado fue omitido y el objetivo del grupo que hasta la fecha no mostraba su rostro empezaba a verse más claro. El tema del INSS no era el interés de la revuelta. Sus fines eran políticos.
Las reformas fueron revocadas por el Presidente el 22 de abril. Sin embargo y a pesar de no existir ya la justificación que presuntamente movía la ola de terror, la oposición intensificó los llamados a la violencia a través de incontables perfiles falsos y bots en las redes sociales.
Los medios de comunicación masiva, dominados por la oligarquía, reforzaron la estrategia usando como fuentes éstos hechos manipulados y tratando de convertirlos en verdades absolutas.
El 24 de abril la iglesia Católica acepta ser mediadora, sin proponer fecha ni revelar quienes serían los actores en la mesa.
A pesar de esto, el caos siguió vivo en las calles y aunque se mantenía la fuerte campaña de intimidación, el pueblo salió a las calles para pedir la paz durante una masiva concentración que colorearon de rojo, negro, azul y blanco la plaza de las victorias.
Los estudiantes de la UPOLI, recinto donde se concentró la mayor tensión, fueron intervenidos por pandillas que eran lideradas por el sujeto conocido como el Viper.
En el interior de la universidad se dejó ver Félix Maradiaga, director del IEEPP, principal organismo dedicado a la formación de cuadros antisandinistas. El líder pandillero era su ficha. Así lo reveló él mismo en declaraciones evacuadas durante su juicio meses más tarde.
Maradiaga, a pesar de haber reclamado su libertad a las afueras de las instalaciones de Auxilio Judicial, se desvinculó de él y lo tachó de infiltrado. El director del hoy extinto IEEPP abandonó el país días después.
Diversas manifestaciones opositoras salieron a las calles cargando pancartas de presuntos asesinados. Las cifras para ese entonces se habían empezado a inflar, sin embargo muchos de los que aparecieron fotografiados grabaron videos posteriormente desmintiendo su muerte y condenando la manipulación desvergonzada.
En mayo la estrategia había cambiado ante la pérdida de credibilidad. La violencia escaló. Fueron secuestrados e incinerados buses del transporte público, una vez que los dirigentes del sector transporte desconocieron los primeros llamados de paro al transporte.
Los que no fueron destruidos se utilizaron para movilizar a gente armada y encapuchada desde la UPOLI hasta la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Ambos recintos durante el accionar criminal fueron destruidos y saqueados. La UCA nunca fue tomada y permaneció intacta, a pesar de que desde allí se originaron las primeras manifestaciones violentas.
En todos los municipios del país aumentaron las manifestaciones a favor de concluir la brutalidad. Como respuesta se lanzó una campaña de intimidación en Managua para evitar que las personas circularan con libertad, deteniendo taxis y vehículos particulares que se atrevían a realizar actividades cotidianas.
Los asesinatos y ataques a instituciones vieron su punto más alto a mediados de mayo. Para éste mes iniciaron los saqueos a establecimientos y se instalaron los primeros tranques. El objetivo era mantener el sentimiento de descontento.
El 16 de mayo se instaló finalmente el dialogo. Su participantes no se conocieron hasta ese día. Se crearon dos bandos, uno a favor del cese a la violencia, encabezado por el Gobierno, sectores sindicales, estudiantes de universidades públicas y pequeñas y medianas empresas. El otro lado exigía la renuncia de todos los funcionarios de Gobierno bajo la amenaza de seguir provocando el terror.
Ese grupo estaba conformado por representantes de oenegés, sector empresarial de gran calado y un grupo de estudiantes opositores pertenecientes en su mayoría a universidades privadas.
Era la culminación del Golpe, el ofrecimiento de la “paz” a cambio del poder político del país. La mayoría de los que debían mediar funcionaron más bien con coaches de esquina en el cuadrilatero desigual, en el que las reglas eran diseñadas a la medida de las necesidades del bando opositor.
Exigieron el acuartelamiento de la Policía y revelaron las siguiente carta: asfixiar económicamente al país para que más gente pidiera cambio de gobierno.
“Ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses”, dijo en una oportunidad Michael Healy, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, durante la transmisión en vivo del evento de parte del Canal Católico.
Fue un evento televisado con el fin de funcionar como propaganda y plataforma política para eventuales candidatos a las pretendidas elecciones adelantadas.
Al encontrar resistencia de la población en las calles, los presuntos representantes del sector ofendido planearon la erradicación de la seguridad pública.
El Gobierno accedió a retirar a la Policía de las calles, confiando en la voluntad de los jerarcas de la iglesia católica que avalaron la propuesta. La medida fue aprovechada y los tranques se proliferaron.
Cada uno de esos puntos funcionaba como cuartel de acopio de armas y se cobraban peajes al transporte público, privado y de carga. Desde allí se planificaron ataques a las alcaldías, estaciones de Policía y otras instituciones del Estado. Se intensificaron ataques a cuadros políticos del FSLN y se mandaron a secuestrar, torturar y asesinar.
Muchos de éstos actos de terror fueron presenciados y amparados por sacerdotes, mientras otros utilizaban las homilías para llamar a un alzamiento armado.
La campaña para desprestigiar periodistas y otros ciudadanos que desde las redes se encargaban de revelar las verdades tras las fake news entró en la fase más alta. Fueron circulados nombres, teléfonos y direcciones en las y se hacían claros llamados a ser silenciados.
Incluso hombres y mujeres de prensa que no seguían el guión golpista fueron agredidos en el seminario arquidiocesano de Managua, sede del diálogo nacional, a la vista y paciencia de los obispos.
La agresión se volvió más agresiva con la quema de Tu Nueva Radio Ya, una emisora radial privada de corte abiertamente sandinista. Varios periodistas escaparon de ser calcinados vivos, entre ellos una mujer embarazada que relató momentos altos de tensión y zozobra.
Mientras unos enmascarados lanzaban bombas artesanales a la entrada principal que ya se cubría de llamas, otro contingente emboscó al personal de la radio por la salida trasera haciendo uso de la intimidación con armas de fuego artesanales y de fabricación industrial.
El ataque era fomentado desde el Canal 100% noticias, propiedad del periodista Miguel Mora, quien había confesado sus intensiones de asumir la presidencia de la República.
Los relatos de los afectados contaron que en las cercanías de la instalaciones, previo al ataque, uno de los periodistas de planta de la estación televisiva había acudido con anticipación.
El 30 de mayo una cantata a las madres celebrada por el sandinismo y una manifestación violenta de parte de los opositores se desarrollaron simultáneamente. Ambos eventos se realizaron a varios kilómetros de distancia, sin embargo, se registró un enfrentamiento en el estadio nacional, que servía como punto medio.
Las instalaciones deportivas fueron atacadas con armas de parte de los participantes de la marcha y varias personas fallecieron en el fuego cruzado, entre ellos un atleta sandinista que había ganado premios en los juegos centroamericanos de 2017 celebrados por primera vez en Nicaragua.
Para inicios de junio, los crímenes violentos llevaron al homicidio de dos ciudadanos, uno de ellos naturalizado estadounidense. Los responsables fueron señalados por Viper como algunos de los pandilleros que operaban desde la Upoli.
A la lista de medios de comunicación incendiados se sumó la estatal Radio Nicaragua, ubicada en las cercanías de la UNAN, recinto ocupado por delincuentes.
La espiral destructiva siguió avanzando los días posteriores. El 11 de junio la delegación de Mulukukú fue atacada a fuego de bala, el 16 de ese mismo mes en El Barrio Carlos Marx de Managua una familia entera, incluidos dos niños menores de dos años fueron quemados con vida.
Para el 9 de julio, la población indignada en Carazo rechazó una caravana de obispos que llegó a la basílica menor de San Sebastián en Diriamba, para escoltar la huída de terroristas que se refugiaban en el templo. Ese mismo día de la iglesia fue extraído un arsenal de armas convencionales, hechizas y tubos lanza morteros ocultados en armarios de la iglesia.
Una vez que el guión flaqueaba y era menos sostenible por la indignación popular, fue el momento en el que se empezaron a levantar tranques fuera del país.
Desde la OEA empezaron los ataques utilizando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que elaboró informes sesgados y malintencionados, tras una breve visita de dos días, durante los cuales se recibieron denuncias de organismos vinculados al golpe y se omitieron descaradamente las de las personas afectadas por los golpistas.
El 12 de julio, 4 policías de la delegación policial en Morrito y un maestro de escuela de esa ciudad fueron asesinados por personas que operaban desde los tranques liderados por Medardo Mairena, uno de los actores en el Diálogo Nacional y líder opositor a la construcción del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua.
Dos días después, ante el clamor popular de eliminar de una vez por todas los tranques, agentes policiales asistidos de policías voluntarios empezaron a liberar ciudades.
Durante la celebración del 19 de julio, a 39 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el Comandante Daniel Ortega, frente un mar de capitalinos dio a conocer la solicitud que fuera del diálogo la Iglesia Católica le había hecho.
En ella, pedía la renuncia abiertamente la renuncia del gabinete de Gobierno y la anticipación de las elecciones. “Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Estaban comprometidos con los golpistas”, dijo el Jefe de Estado en esa oportunidad.
Desde entonces, caminatas masivas cada fin de semana, que se ampliaba exponencialmente en número se desplegaba cada miércoles y sábado por toda la carretera a Masaya, inundando de gente reclamando justicia para las víctimas del terrorismo golpista.
Una de ellas, fue para reclamar la reaparición del compañero Bismarck Martínez, director de ornato de la Alcaldía de Managua que fue secuestrado en Carazo.
Muchos de los principales dirigentes del atentado contra la paz y la seguridad en Nicaragua fueron enjuiciados y encarcelados.
En diciembre la Asamblea Nacional tras revisar la situación de las ONG responsables de financiar el terror, revocaron la personería jurídica de algunas como el CISAS, el CENIDH, IEEPP, Popol Nah y Hagamos Democracia.
Fuente: El 19 Digital
Esta entrada fue modificada por última vez el 23 de septiembre de 2022 a las 3:23 PM
