La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró como grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, días después de que el Gobierno anunciara que estos criminales deberían ser enjuiciados como terroristas debido al repunte de la violencia en el país.
La decisión del ente constitucional agrega que el mismo calificativo será para cualquier otra pandilla u organización criminal que «busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella».
Los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las pandillas quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de participación e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc), de acuerdo con la sentencia.
En su sentencia, la Sala también define lo que debe de entenderse por «terrorismo», y señala que este puede ser interpretado conforme al marco de valores y principios contemplados en la Constitución y el derecho internacional, según los cuales el terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia.
La Sala consideró que es un hecho notorio que las pandillas realizan atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias, contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas
También cometen vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas, en contra del derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción estudiantil, debido al temor de ser víctimas de estos grupos criminales.
El tribunal ordenó a la Asamblea Legislativa que, dentro de un «plazo máximo» de 6 meses, debe adecuar la «pena máxima» a los pandilleros a 60 años de cárcel, como estipula el Código Penal salvadoreño.
El Salvador vive un momento de conflictividad social sin precedentes debido a la escalada de violencia homicida generada por las pandillas, que buscan medir fuerzas con el Gobierno, según los analistas.
Las alertas sobre la complicada situación que afronta el país se intensificaron luego de que en la última semana se registraran más de 240 homicidios, incluyendo 14 pandilleros masacrados por una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en la periferia norte de San Salvador.
«Estamos ante un grave escenario de conflictividad social sin precedentes y no se ve por ningún lado una solución a corto plazo», declaró a la AFP el profesor universitario Roberto Cañas.
Las cifras oficiales son lapidarias: de enero a julio se registraron 3.332 asesinatos en El Salvador contra 2.191 en el mismo período del 2014.
Los crímenes son, en gran parte, atribuidos a las pandillas, que cuentan con unos 72.000 miembros, de los cuales 13.000 se encuentran en prisión.
Para contener la violencia, la policía y el ejército, bajo la coordinación de la Fiscalía, desarrollan operativos con detenciones masivas de pandilleros, muchos de los cuales están siendo juzgados como terroristas.
El analista de temas de seguridad, Juan Ramón Medrano, apunta que la confrontación se profundiza en el país, dejándolo en una situación difícil de dilucidar. «El gobierno tiene un plan que le apuesta a disminuir la cantidad de homicidios, la extorsión y el crimen a futuro, pero tiene que presentar resultados», explica el catedrático.
Esta entrada fue modificada por última vez el 25 de agosto de 2015 a las 8:50 AM