Elecciones generales libres, plurales y transparentes en Nicaragua

Sin embargo, para cualquier observador que se informe a través de las noticias de los medios de comunicacion corporativos o escuche las declaraciones de los líderes occidentales (o sus vasallos regionales) creerá que se ha impedido participar en las Elecciones Generales de 2021 a la mayoría de partidos opositores con capacidad de hacerse con el favor popular. Nada más lejos de la realidad, como es fácil comprobar.

Es en este mismo sentido —injerencista y neocolonial— donde hay que enmarcar los movimientos recientes de la Organización de Estados Americanos que, en una resolución promovida por EEUU y varios de sus socios, exige la liberación de los supuestos líderes opositores detenidos que —afirman— no han podido presentarse a las elecciones, a los que define como «precandidatos» (figura que no existe en la legislación electoral nicaragüense) y anticipando que las generales de 2021 no van a ser ni libres ni justas. Obvian, o pretenden que olvidemos, que los detenidos lo han sido en función de la legislación vigente del país, especialmente la «Ley de Agentes Extranjeros» que trata de impedir que países como Estados Unidos creen y manipulen chiringuitos políticos y mediáticos para desestabilizar Nicaragua y la «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», que criminaliza a quienes trabajan en coordinación con enemigos externos del país para provocar sanciones económicas desvirtuando sus legítimas instituciones.

Pedir que se desconozcan las leyes democráticas propias de un estado por motivos de no afinidad política, dice muy poco en favor de la Organización de Estados Americanos, denostada por una trayectoria al servicio de las políticas colonialistas norteamericanas, cuyo culmen reciente fue la cooperación con el golpe de estado fascista perpetrado en Bolivia con ayuda estadounidense y de la internacional liberal latinoamericana contra la victoria electoral de Evo Morales que, a la postre, provocó decenas de muertos y miles de heridos y represaliados.

Las críticas de la Organización de Estados Americanos por impedírsele enviar una misión de observación no están justificadas en absoluto. La OEA, el ministerio de colonias de Estados Unidos, es parte de los instrumentos del imperio para impedir el ejercicio de la soberanía de los pueblos de Nuestra América. La imparcialidad que deberían demostrar en el ejercicio de sus funciones, hace mucho que se truncó en sumisión a los intereses estadounidenses. Su tiempo ya ha pasado. La región demanda instituciones supranacionales realmente democráticas que respeten la independencia de los estados y que arrojen definitivamente la doctrina Monroe y sus secuelas al basurero de la historia. Muchos más países de la región deberían cerrar sus puertas a la OEA para que se garantice, al fin, que los recursos, las capacidades y potencialidades de las naciones de la región, se pongan exclusivamente al servicio de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y no las de las oligarquías de su decadente vecino del norte.

Así pues, las elecciones de noviembre se van a celebrar con toda normalidad y con una pluralidad política plenamente asegurada. Si Estados Unidos, la Unión Europea o la OEA pretenden desconocer el resultado, no será por falta de democracia, sino porque anticipan un resultado que no les va a satisfacer. Para ellos la democracia sólo es un buen instrumento cuando responde a sus intereses. Si no es así, la consideran un estorbo. Así lo reconoció Vargas Llosa recientemente cuando dijo que «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien». Y votar bien —para los liberales ultracapitalistas— es apoyar a la tropa de corruptos como él, a sus lobbys y a sus fundaciones, que practican la injerencia en todos los procesos electorales de América Latina para evitar un cambio que ya está en marcha y que no tiene marcha atrás, donde Nicaragua es un pilar fundamental.

Pero no solo está garantizada la libertad y la diversidad política, también existen mecanismos legales que certifican la transparencia y fiabilidad del resultado. Más de 80.000 personas a propuesta de todos los partidos políticos en liza, integrarán las 13.459 mesas electorales, conocidas como Juntas Receptoras de Votos, distribuidas en los más de tres mil Centros de Votación repartidos por toda la geografía nicaragüense. Por otro lado, los partidos políticos nombran directamente a un conjunto de fiscales que estarán presentes en todas las fases del conteo, tanto en las Juntas Receptoras de Votos, como en los Consejos Electorales Municipales, departamentales y regionales, en los Centros de Cómputo y en el Consejo Supremo Electoral. Es prácticamente imposible que el resultado de estas Elecciones Generales no se corresponda estrictamente con lo expresado libremente por la voluntad popular.

Velando por la tranquilidad y normalidad del proceso, el Ministerio de la Gobernación y el Consejo Supremo Electoral han capacitado a 30.000 voluntarios y voluntarias para que presten sus servicios como policías electorales que se desplegarán en cada Centro de Votación para garantizar el pleno derecho al voto en libertad. Finalmente, un nutrido grupo de analistas internacionales independientes, al amparo de la Ley Electoral vigente, ejercerán de Acompañantes Electorales y darán cuenta de la limpieza de los comicios ante la opinión pública mundial.

Todos los preparativos para el 7 de noviembre marchan a buen ritmo, según lo previsto en el ordenamiento jurídico de Nicaragua y así lo reconoce cada día un pueblo comprometido con su gobierno y su sistema político. También discurre rápidamente en el mundo de las fake news —y es previsible que redoble su paso en fechas próximas— la realidad alternativa inventada por los media y los gobiernos neoliberales enemigos. Pero si hay algo que augura esta descomunal campaña desinformativa, es una nueva e incontestable victoria del sandinismo como, por otro parte, vaticinan la práctica totalidad de las encuestas realizadas hasta la fecha en correspondencia con los avances realizados en sanidad, educación, vivienda, vías de comunicación, energía, soberanía alimentaria, igualdad de género, etc.