Las acciones de la Policía antidisturbios han dejado un indígena muerto, 74 heridos y detenciones arbitrarias desde que comenzó la Minga Agraria.
Reprimir, criminalizar, intimidar y estigmatizar la protesta social es la respuesta que ha dado el Gobierno de Colombia a las organizaciones sociales que desde el lunes pasado llevan a cabo el Paro Nacional, denominado la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Así lo denunció la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) en su tercer boletín sobre las violaciones a los derechos humanos durante estas manifestaciones.
En el documento, la organización señaló que aunque el carácter de las actividades es pacífico en todos los puntos de concentración hay una fuerte presencia del Ejército de Colombia que no se justifica, a lo que se suma la actuación de la Policía Nacional.
Tan sólo en el tercer día, el Ministerio de Defensa reportó 15 heridos, cifra que es menor a la que registran los movimientos sociales. Por ejemplo, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), precisó que llevan «65 heridos porque la respuesta del Estado ha sido la represión. Siempre es la misma respuesta: que la guerrilla está infiltrada y por eso ignoran las demandas del paro».
Entre otras acciones que implementa el Estado para debilitar la Minga está la instalación de dispositivos de bloqueo de la señal de comunicación en los puntos de concentración y la realización de registros fotográficos para intimidar a las comunidades, advirtió la Comosoc.
74 heridos, 1 indígena muerto y 2 detenciones arbitrarias en 3 días de Minga Agraria por la represión violenta de la Policía antidisturbios.
— Lorena Hoyos (@LHoyosteleSUR) 2 de junio de 2016
Aplican además la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunos puntos de concentración y, desde toda la estructura estadal, difunden a través de diversos medios versiones amañadas del proceso de negociación y estigmatizan la protesta señalando que se trata de acciones infiltradas por la insurgencia, acotó la coalición.
Acciones de inteligencia ilegal o advertencias de futuras judicializaciones contra quienes participan en las actividades se suman a las amenazas directas del paramilitarismo contra los líderes regionales.
Violaciones que se han reportado
El pasado miércoles las imágenes de la represión del ESMAD en el punto de concentración de la vía Quibdó-Pereira fueron publicadas por medios locales como una muestra de los abusos de las fuerzas de seguridad.
El Congreso de los Pueblos denunció que cientos de efectivos utilizaron armas de fuego, retroexcavadoras y toda clase de armamento anti disturbios, destrozaron los cambuches de los manifestantes y robaron y dañaron toda su comida, agua e implementos personales.
En #Imagenes el dolor de la represión en 3 día de #MingaNacional en vía Quibdó a Pereira https://t.co/OnNcaKgsy5… pic.twitter.com/SaypNkYxYY
— Congreso dl Pueblos (@C_Pueblos) 2 de junio de 2016
Lunes 30 de mayo:
En el municipio Gamarra, en Santander, la Policía Nacional detuvo a Jhon Jairo Tarriba, quien no tenía el documento de identidad de Colombia, sino el de su segunda nacionalidad venezolana, y Nelson Ceballos. Ambos fueron interrogados, les quitaron sus pertenencias, le registraron sus celulares y fueron señalados como miembros de la guerrilla.
Además, tomaron sus datos y los de sus familias y les advirtieron, antes de dejarlos en libertad, que si algo pasaba ellos respondían.
En Valdivia, Antioquia, paramilitares llegaron a las viviendas de los líderes William Gutiérrez, Orlando Gutiérrez, Wilson Vargas y Rito Mena, del movimiento ambientalista Ríos Vivos, y les amenazaron con asesinarlos si continuaban con la protesta.
Martes 31 de mayo:
En Bogotá la policía interceptó a varios manifestantes, generó un escenario de confrontación y detuvo a dos personas.
En Córdoba más de 2 mil indígenas del pueblo Zenú fueron atacados con gases lacrimógenos por el ESMAD, pese a que existía un acuerdo de cierre de la vía Chinu-Sahagún por una hora. Hubo tres personas heridas, entre ellas un niño de siete años.
También en Riosucio, Caldas, el ESMAD atacó a los comuneros del Consejo Regional Indígena de Caldas y detuvo a dos indígenas de la comunidad Emberá del resguardo de San Lorenzo, incluyendo a una mujer a la que golpearon.
#AsiVaLaMinga #Esmad agrede a mingueros en Quinamayó #Cauca pic.twitter.com/hpIrykscZG
— Comosoc (@comosoc) 1 de junio de 2016
En Caldono, Cauca, se repitió el mismo escenario de ataque con granadas aturdidoras cargadas con puntillas, metrallas, esquirlas y grapas que dejaron siete indígenas heridos. En el municipio del Hobo, en Huila, igualmente efectivos del ESMAD arremetieron contra la movilización.
Esta entrada fue modificada por última vez el 2 de junio de 2016 a las 8:49 AM