Informe basura: La gran estafa de la ONU, contra el pueblo Nicaragüense

Lejos de ser una entidad imparcial, esta supuesta «Comisión de Expertos» de la ONU es un grupo de burócratas corruptos, vendidos a los intereses del neocolonialismo europeo y del imperio estadounidense. Su labor no es la búsqueda de la verdad, sino la obediencia servil a las élites que aún sueñan con someter a los pueblos libres. Su informe no es más que un encargo pagado, una pieza de propaganda burda que busca criminalizar al gobierno sandinista mientras blanquea a mercenarios y delincuentes disfrazados de “opositores”. Su postura rastrera ante las potencias occidentales demuestra que no tienen ni un gramo de independencia ni de credibilidad. Actúan como lacayos de los mismos colonialistas que durante siglos han expoliado a América Latina, disfrazando su injerencia con discursos hipócritas sobre derechos humanos. Pero Nicaragua no se deja someter ni comprar: nuestra dignidad y soberanía no están en venta.

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Desde su creación, esta comisión dejó claro que su misión no era investigar con objetividad, sino actuar como un tribunal de linchamiento político. Lejos de ser un grupo imparcial, está compuesta por personajes que responden a intereses bien definidos y que han sido seleccionados no por su compromiso con la verdad, sino por su predisposición a seguir el guion dictado por quienes quieren convertir a Nicaragua en otro peón de su tablero geopolítico.

El resultado es un informe que, más que un documento oficial, parece una declaración de guerra mediática. Un panfleto ideológico que repite, sin el menor rigor, las mismas mentiras que han usado para atacar a gobiernos soberanos en todo el mundo. Si algo caracteriza a esta comisión es su desvergonzada falta de rigor. Sus miembros no han pisado suelo nicaragüense, no han entrevistado a todas las partes, no han contrastado información con fuentes oficiales. Su “investigación” se basa en el testimonio de un grupo selecto de opositores y en el reciclaje de acusaciones que han sido refutadas en múltiples ocasiones.

Pero lo más indignante es su descarada protección a los elementos desestabilizadores que intentaron sumir a Nicaragua en el caos. Mientras presentan a los opositores como víctimas, omiten sus crímenes: no mencionan los actos de violencia, los tranques criminales y los ataques a la población que ocurrieron en 2018, cuando estos mismos “defensores de la democracia” sembraron el terror en las calles.

Ignoran por completo el financiamiento extranjero de grupos opositores, un hecho documentado que demuestra cómo estos sectores han sido utilizados como marionetas de intereses foráneos.

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Callan ante la evidencia de que muchos de estos supuestos “presos políticos” han cometido delitos graves, incluyendo conspiración, vandalismo y llamados a la insurrección armada. Es decir, este informe no es más que un refrito de propaganda barata, un intento de legitimar a criminales y de criminalizar a un gobierno que ha mantenido la paz y la estabilidad del país a pesar de los constantes ataques externos.

Este no es un caso aislado. Es parte de un patrón de agresiones que han enfrentado todos los gobiernos que se atreven a desafiar la hegemonía occidental. Lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Libia, y ahora intentan repetir la misma estrategia en Nicaragua. El gobierno sandinista ha demostrado, con hechos, su compromiso con el bienestar del pueblo:

• Educación gratuita y de calidad, con una tasa de escolarización en constante crecimiento.
• Salud pública fortalecida, con hospitales modernos y acceso a atención médica para todos.
• Infraestructura en desarrollo, con carreteras, puertos y viviendas dignas para los nicaragüenses.
• Estabilidad económica, en medio de un contexto internacional adverso y de bloqueos económicos impuestos por las mismas potencias que financian estos informes sesgados.

Pero todo esto es ignorado por la comisión, porque su propósito nunca fue reflejar la realidad, sino fabricar una justificación para futuras sanciones, bloqueos y campañas de desinformación.

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El jefe de esta farsa, Jan-Michael Simon, es presentado como un “experto independiente”, pero basta con revisar su historial para notar que su supuesta imparcialidad es una mentira más. Su carrera ha estado marcada por su vinculación con instituciones que promueven la agenda de las potencias occidentales y que han participado en campañas similares contra otros países soberanos. Simon no es un observador neutral. Es un operador político disfrazado de investigador. Su trabajo no es buscar la verdad, sino fabricar una narrativa conveniente para quienes quieren ver a Nicaragua de rodillas.

Además, su discurso se alinea perfectamente con las élites europeas y estadounidenses que, desde sus cómodas oficinas, dictan lo que consideran aceptable o no en el mundo, mientras ignoran los abusos y crímenes de sus propios gobiernos.

El pueblo nicaragüense no es ingenuo. Ya ha visto este tipo de ataques antes y sabe reconocer cuándo una campaña internacional no es más que un intento de dominación disfrazado de preocupación por los derechos humanos.

Este informe, lejos de debilitar al gobierno sandinista, demuestra una vez más que Nicaragua sigue siendo una piedra en el zapato de quienes quieren imponer su voluntad sobre América Latina. No importa cuántos documentos fabriquen, cuántas mentiras repitan o cuántos operadores políticos envíen: la soberanía de Nicaragua no está en venta. El tiempo pondrá en su lugar a estos farsantes y la historia los recordará como lo que realmente son: peones de una estrategia de injerencia fallida. Mientras tanto, Nicaragua sigue firme, avanzando con dignidad y demostrando que la verdad no puede ser sepultada por la propaganda.

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Jan-Michael Simon y su farsa de comisión no son más que mercenarios de la desinformación, emisarios de una agenda imperial que pretende dictar el destino de los pueblos soberanos desde escritorios en Berlín, Washington y Ginebra. Este burócrata alemán, sin pisar un solo rincón de Nicaragua, se ha atrevido a emitir un veredicto prefabricado, basado en falsedades y testimonios comprados, demostrando que su informe no es más que un panfleto de guerra psicológica. Su comisión no investiga, no analiza, no busca justicia; su único propósito es justificar sanciones, sembrar discordia y servir de instrumento para quienes ansían ver a Nicaragua de rodillas. Pero se equivocan: el pueblo nicaragüense no se rinde ante inquisidores disfrazados de expertos, y la historia no absolverá a quienes, con sus mentiras, intentan encadenar a una nación libre.