La maquinaria mediática financiada por Estados Unidos y varios países europeos, pretendía continuar con su escalada destructiva contra nuestra patria, a través de la fábrica de medios de comunicación, periodistas y de noticias falsas que permitiera forjar un generalizado estado de opinión negativo contra el proceso electoral que se avecina.
Cuánta manipulación política han propalado los supuestos medios “independientes” ante la legítima decisión de las autoridades de indagar el lavado de dinero, ejecutado por la famosa fundación que dirige una precandidata presidencial sin partido.
Dicha fundación fue creada originalmente para “ayudar a los niños pobres” de Nicaragua, cuyo objetivo nunca se cumplió porque los menores jamás recibieron un centavo de la danza de millones de dólares que recibió ese organismo “civil” que luego se convirtió en un acérrimo defensor de la prostituida democracia.
Cabe destacar que, ante los indicios de lavado de dinero y activos detectados por el Ministerio de Gobernación, éste trasladó el caso al Ministerio Público, éste a su vez, lo remitiría a los tribunales competentes que determinarían si se cometió o no delito.
No obstante, ahora resulta que el gobierno está persiguiendo, y restringiendo la libertad de prensa, expresión y a los propios “periodistas” que obtuvieron recursos provenientes de esa fundación. Nada más alejado de la realidad.
Irrestricta libertad de expresión
Nuestra Carta Magna garantiza la irrestricta libertad de expresión, prueba de ello, es que cualquier comentarista, articulista, periodista o dueño de medio de comunicación opina, escribe o publica lo que le venga en gana contra el Estado, sus instituciones y sus autoridades.
Incluso, en sus publicaciones caen en el libertinaje puesto que agreden, ofenden, calumnian, insultan, amenazan e hieren la sensibilidad de todo ser humano que no esté de acuerdo con su forma de pensamiento o su ideología política.
Esos mismos medios de comunicación “independientes” sirvieron de punta de lanza en 2018 para promover el odio, la violencia y desatar a “protestantes pacíficos”, quienes provocaron decenas de asesinatos, heridos, secuestrados y miles de millones de dólares en pérdidas a la economía nacional.
¡Cuánta arrogancia!
La precandidata sin partido se ha negado a declarar ante el Ministerio Público, alegando que el Departamento de Estado de Estados Unidos rechaza los señalamientos en su contra por lavado de dinero como si esa nación gobierna en Nicaragua.
De acuerdo a nuestra Constitución Política: “Todos los nicaragüenses somos iguales ante la ley y tenemos igual derecho e igual protección”.
O sea, nadie está exento de someterse a la justicia por razón de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.
Si esta mujer que se cree inmune e impune, no desea someterse a las leyes nacionales, pues que se vaya a Estados Unidos a lavar dinero que le proporciona su patrón yanqui de los impuestos de sus contribuyentes.
Prepotencia burguesa
La directora de la Fundación Violeta Barrios que se autoproclamó “periodista”, supone que el gobierno sandinista la investiga porque según ella, pretende inhibirla de participar en los comicios generales del próximo 7 de noviembre, argumentando que tiene “altos porcentajes” de aceptación entre los nicaragüenses.
Su argumento es descabellado. Los mismos yanquis están convencidos de que la victoria electoral del Frente sandinista nadie la detiene. Ni sus chantajes, ni amenazas, ni sus agresiones disfrazadas de sanciones, mucho menos los intentos desestabilizadores de sus sicarios mediáticos.
El gobierno de su madre, su peor lastre
De allí que el yanqui desembolse millonarios recursos para desacreditar el proceso electoral, con el claro propósito de deslegitimar sus resultados ante la comunidad internacional.
Irónicamente, el peor lastre que tendría la precandidata sin partido, lo constituyen los resultados del desgobierno de su madre Violeta Barrios, quién desmanteló las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución Sandinista.
Barrios nos heredó pobreza, miseria, desempleo, privatización de los servicios básicos, corrupción a la enésima potencia y robo de los bienes del estado.
En esa herencia maldita también deben incluirse los diecisiete mil millones de dólares que la administración Barrios de Chamorro le condonó al gobierno yanqui, logrados con la sentencia favorable a Nicaragua emitida por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que determinó que Estados Unidos cometió terrorismo de estado al minar nuestros puertos en los años ochenta.
Esos pésimos resultados de ese gobierno neoliberal, contrastan con los obtenidos por el actual gobernante Daniel Ortega, quién ha logrado significativos avances en materia socioeconómica, entre ellos, la construcción de nuevos hospitales, centros educativos, casas maternas, modernas carreteras, entrega de títulos de propiedad, generación de empleos, promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas; seguridad ciudadana garantizada, mantenimiento del valor del pasaje urbano, subsidio a los clientes de energía que consumen hasta 150 kilovatios hora y entrega de viviendas a familias vulnerables.
Además de la gratuidad de la educación y la salud, pilares fundamentales para el desarrollo nuestro país.
De allí que el comandante Ortega haya obtenido excelentes resultados en la última encuesta realizada por la firma M & R Consultores, que lo ubica con un 69 por ciento de los nicaragüenses que aprueba su gestión; al 73 por ciento de la población le genera esperanza y el 75.9 por ciento considera que la situación en el país está mejor que hace 14 años.
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