Poco se informa en Europa sobre la situación social, política y económica de Nicaragua y mucho y mal, o de forma manipulada, de los próximos comicios. Frente a la charlatanería y propaganda barata, datos concretos, contrastados y reales. Empiezo.
La realidad es que Nicaragua tendrá elecciones libres y casi 4,5 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al sufragio en uno de los 3.106 centros de votación establecidos a lo largo y ancho del país. Culminados los procesos de impugnación, objeciones… ha quedado publicada la lista final de candidatos y candidatas a las elecciones generales del 7 de noviembre.
Concurrirán 7 Partidos Políticos y Alianzas: Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Alianza por la República (APRE), Partido Liberal Independiente (PLI).
De cara a la campaña electoral y al escrutinio de los votos
El 25 de septiembre se dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral, que durará hasta el 3 de noviembre. Una campaña atípica por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de la COVID-19 y que se está desarrollando en un ambiente de paz, tranquilidad, justicia, tolerancia, respeto, plena garantía, convivencia pacífica y seguridad ciudadana. Se han establecido medidas preventivas, desde el compromiso con la salud de todas y todos los nicaragüenses. Se ha puesto en marcha, por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), y atendiendo lo marcado por las autoridades sanitarias, un protocolo de bioseguridad, que contempla medidas como evitar eventos presenciales masivos y con un tiempo máximo de una hora y treinta minutos, no realizar caravanas electorales… y que hasta la fecha, todas las candidaturas están respetando.
Tras la campaña se procederá a la votación. Sólo dos datos, de decenas que se podrían usar, y que desde el sentido común desmontan los disparates mediáticos que algunos medios de comunicación lazan como un mantra, pero sin contraste periodístico alguno, sobre la falta de garantías democráticas y derechos humanos en este proceso que analizamos: Uno, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con una amplia experiencia técnica y profesional en procesos electorales, cubrirá todos los centros de votación y dos, los Partidos Políticos y Alianzas propondrán a más de 190.000 Fiscales para las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Si tenemos en cuenta que hay 13.459 Juntas Receptoras de Votos habrá 14 ciudadanos fiscalizando plenamente la actividad en cada Mesa Electoral, 61 si hablamos de colegios electorales. Parece que las candidaturas cuentan con medios transparentes y suficientes para garantizar un proceso electoral libre y justo, escrutinio incluido.
Recientemente, he analizado varias encuestas, estudios, publicaciones con rigor científico… sobre el momento político en la República de Nicaragua. Una de los trabajos más interesantes es el publicado por la Consultoría M&R, una agencia independiente de inteligencia de mercado con más de 30 años de experiencia. Extraigo un dato demoledor de mis pesquisas: el 94,4% del pueblo asegura que “por el bien del país deben aceptarse los resultados de las elecciones del próximo noviembre”. Y es que, aunque no se diga, Nicaragua, con su gobierno al frente, está haciendo lo necesario para garantizar unas elecciones libres, transparentes y competitivas; democracia, que se llama. Y será por esto, por lo que casi el 64% de los nicaragüenses asegura estar entusiasmado con este proceso electoral.
La estabilidad política, social y el proceso de recuperación económica, por mucho que pese a imperialistas y lacayos, es un hecho y lo constata los datos de probabilidad de emigración del país. Si en 2004 el 69,4% de las y los nicaragüenses indicaban un planteamiento de posibilidad de emigrar, ahora sólo se lo contempla un 36,6%, un índice inferior, en muchos casos, al resto de países de América Latina.
Nicaragua tiene problemas, como cualquier país del mundo, y más de dos terceras partes de la ciudadanía tiene conocimiento de ellos, pero el mismo índice poblacional valora positivamente la capacidad del Gobierno para la resolución y gestión de ellos, y lo más importante, tiene confianza en que así será. No en vano, más del 71% de la población muestra confianza y credibilidad hacia el trabajo realizado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Hasta el 93% llega la calificación respectiva a la legitimidad, mientras que un paupérrimo 7% rechaza el trabajo realizado por el líder del Frente Sandinista. Obras son amores y no buenas razones.
Los índices anteriores se reflejan también en la opinión del pueblo respecto a la “dirección por la que conduce el presidente Ortega al país”, un 63% piensa que van por “la dirección correcta”. Y debe ser por ello que el 92% de los nicaragüenses comparten el mensaje de unidad de Daniel Ortega para ser “más fuertes” y “derrotar la pobreza”, o que casi el 77% abogue por el “restablecimiento del diálogo tripartito” después de las elecciones del 7 de noviembre. Que el país retome la paz, la estabilidad y progrese es, sin duda, el principal reto al que deberá enfrentarse el proyecto sandinista si, como es previsible, gana las elecciones. De ahí, la importancia de estos comicios, que podrían batir récord de participación desde 1990, calificados como “muy importantes” por el 89% de la población.
Vivir en paz y libertad
“Vivir en paz y libertad” es el imaginario de la democracia nicaragüense para más de la mitad de la población, quienes dan un notable alto al índice de respeto de los derechos fundamentales en el país, tales como la libertad de religión, el derecho de la ciudadanía a la propiedad, la libertad de empresa, el derecho a movilizarse dentro del territorio nacional y hacia el extranjero, el deber y derecho a elegir mediante voto a las autoridades del país. Del mismo modo, el 68,8% entiende que se cumple el derecho a expresarse libremente, con un 68,2% los derechos humanos de la población y con un 66,2% la libertad de expresión de los medios de comunicación.
El índice de satisfacción con los servicios públicos que ofrece el gobierno también es muy alto, con un 72,1% de media, las y los nicaragüenses se muestran satisfechos con el estado de las carreteras, el sistema educativo, el servicio de transporte interurbano, el servicio de energía domiciliar, el acceso al agua potable, los servicios de salud pública, el alumbrado público, la seguridad… y las oportunidades de trabajo.
Una amplia mayoría cree que el grado de libertades en Nicaragua es alto, para que la ciudadanía piense, diga, haga lo que considere, siempre y cuando se respeten las leyes y buenas costumbres de la sociedad.
Para el 68,6% de los y las nicaragüenses lo más importante de la democracia es que el pueblo tenga oportunidades reales de mejorar su calidad de vida, mientras que un 25% ponen el foco en la celebración de elecciones. En este apartado electoral el 83,3% entiende que si el pueblo lo decide, quien ejerce el gobierno puede ser reelecto, sin ningún problema, a un nuevo periodo, sin embargo, el 13,8% considera que bajo ninguna circunstancia debe permitirse la reelección.
El pueblo de Nicaragua se muestra abiertamente a favor de los servicios públicos y de calidad, frente a modelos de colaboración público-privado. Así 98,3% apuesta por un sistema de salud público, mientras un irrisorio 1,7% prefiere la sanidad privada. Lo mismo ocurre con la educación donde el 97,7% de la población defiende la gratuidad.
Esta tendencia no varía en lo referente a recursos vitales básicos como el acceso a la energía, el agua o la vivienda, donde hay un amplio respaldo a la política impulsada por el Gobierno Sandinista para garantizar la accesibilidad universal y subsidiar estos bienes a quién más lo necesita.
Es probable que ninguno de estos datos abra portadas de periódicos ni sea noticia en ningún informativo europeo, pero es de justicia social que se conozcan y difundan. Nicaragua avanza.
Diputado en el Parlamento de Andalucía
Licenciado en Comunicación Social, egresado de la UNAN-León con especialización en Comunicación Digital Estratégica.