“Al principio no entendimos lo que estaba pasando. De repente empezamos a ver actos de violencia, … ¿Que estaba sucediendo? seguimos preguntando y gradualmente la respuesta fue revelada y nos dimos cuenta que estábamos presenciando un intento de golpe no solo contra el gobierno, pero un ataque contra nosotros, nuestras cooperativas y toda la nación”. Santiago Dolmus – Cooperativa de Café CECOCAFEN, MATAGALPA.
El pretexto para las protestas iniciales a mediados de abril fue la oposición a la muy necesaria reformas de la seguridad social. Sin embargo, tan pronto como el presidente Ortega retiró las propuestas, manifestantes de oposición inmediatamente exigieron que dejara el cargo y llamara a elecciones, a pesar haber sido elegido democráticamente con más del 72%.del voto popular en 2016. (Este resultado fue avalado como representativo de las intenciones de voto por la organización misión de los Estados Americanos). Estas demandas de cambio de gobierno fueron realizado el primer día del dialogo nacional convocado por el gobierno con la iglesia católica actuando como mediadores.
El extraordinario poder multiplicador del bien coordinado y externamente financiadas plataformas de redes sociales jugaron un importante papel en la rápida escalada de las protestas antigubernamentales y la violencia que le siguió. Desde el principio, algunas secciones de los manifestantes estaban decididos al derrocamiento del gobierno por la fuerza. El día que comenzaron, el 18 de abril, no hubo muertes, pero al segundo día, murieron tres personas: un oficial de policía, un partidario sandinista que protegía una oficina del FSLN y un espectador. No hubo manifestantes asesinados en ese día (19 de abril – un hecho que no es disputado por Amnistía Internacional o por la oposición local alineados a organizaciones de derechos humanos). Después de eso, hubo muertes en ambos lados, ya que ambos bandos estaban armados.
Durante dos meses el país fue paralizado por cientos de bloqueos de carreteras patrullados por manifestantes de oposición con morteros caseros y, en muchos casos, con rifles AK47s, cócteles molotov y otras armas. Estos bloqueos de carreteras paralizaron la economía y tuvo un severo impacto en la libertad de movimiento, paralizando los medios de vida de la gente al prevenirlos de asistir a sus trabajos o a las escuelas trabajar o vender sus productos, y causando un clima de miedo e inseguridad.
El daño causado directa e indirectamente por este intento de golpe fue inmenso. Esto incluyó secuestros, tortura, extorsión, asesinatos, saqueos, obstrucción de vías públicas, así como destrucción de edificios públicos y viviendas particulares.
Según la Comisión Nacional de la Verdad, Justicia y Paz, 269 personas perdieron sus vidas: por mucho, el mayor número – 127 – murió en enfrentamientos entre la policía y los responsables de las barricadas.
El daño económico ha sido enorme con más de 120,000 empleos perdidos y 252 edificios públicos destruidos o dañados, incluyendo escuelas, centros de salud y oficinas municipales. El costo estimado de destrucción en el sector público, transporte y las pérdidas por turismo superan los USA$1billones. Como siempre en tales circunstancias, son los que ya estaban más empobrecidos, particularmente las mujeres, los que más han sufrido las consecuencias.
A mediados de julio, para cumplir con su responsabilidad de proteger la libertad de movimiento y prevenir más parálisis de la economía, el Gobierno despejó los bloqueos viales: esto inevitablemente resultó en muertes en ambos lados. Sin embargo, organismos de derechos humanos. alineados con la oposición local, han constantemente exagerado el número de muertos y han atribuido a todas o la mayoría de las muertes a la represión del gobierno. Estos informes distorsionados han sido repetidos acríticamente en los medios internacionales, a pesar de la publicación del análisis detallado realizado por la Comisión de la por la Verdad y Justicia de la Asamblea Nacional, que muestra errores de doble conteo de estos informes.
La oposición ahora reclama que todos los acusados en relación con el intento de golpe de estado es un «prisionero político». De hecho, muchos de los que estaban protestando o estuvieron en los tranques de carreteras de forma pacífica fueron rápidamente liberados. Sin embargo, la escala y naturaleza de acciones como el secuestro, tortura y asesinato de agentes de policía y simpatizantes sandinistas, son crímenes que serían procesado en cualquier país. El gobierno ha cumplido con los procesos legales relacionados con la investigación de los perpetradores de estos delitos. Al 5 Noviembre, había 273 personas en prisión, acusado de delitos violentos.
NSCAG cree que lo que ha sucedido constituye un intento de golpe de estado. NSCAG aplaude al Gobierno por el notable programa de doce años invirtiendo en la reducción de la pobreza, salud, educación, igualdad de género, pequeñas empresas, cooperativas y energía limpia. NSCAG rechaza todos los intentos de derrocar al gobierno por medios inconstitucionales y toda forma de interferencia externa en los asuntos internos de Nicaragua.
Líderes y organizaciones de oposición han estado recibiendo fondos durante años de los Estados Unidos y han estado exigiendo sanciones estadounidenses a Nicaragua, más recientemente a través de la Ley para Derechos Humanos y Anticorrupción en (Nicaragua Human Rigths and Anticorrupcion Act 2018).
Ellos (incluyendo líderes de protestas estudiantiles) visitaron Estados Unidos durante la crisis y buscaron y recibieron apoyo de los políticos de derecha alineados a la administración Trump. Un líder, Félix Maradiaga, incluso fue invitado por la delegación de Estados Unidos para hablar en contra de la Gobierno nicaragüense en la reunión de Septiembre pasado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ambas de las ONG en las que trabaja han recibido financiación sustancial de los Estados Unidos.
Mientras que algunos de los manifestantes fueron motivados por la búsqueda de cambios dentro del FSLN o en el proyecto revolucionario, quedó claro 1ue las consecuencias de un cambio de gobierno hubiera traído el caos y la probable imposición de un gobierno de derecha aceptable para Estados Unidos como ha ocurrido en la vecina Honduras.
Desde que el intento de golpe fue frustrado, la gente ha mostrado un apoyo renovado para el gobierno, lo que ha generado enormes manifestaciones sandinistas tanto en Managua y como en todas las demás ciudades y pueblos pequeños. Sin embargo, la polarización no está resuelta y es exacerbada en gran medida por intereses externos.
Las prioridades del gobierno son ahora los principales programas de obras públicas con el objetivo de restablecer la confianza, resolviendo el desempleo y la reconstrucción y reparación de la economía. Las organizaciones que conforman la economía social – pequeñas y medianas empresas, cooperativas y pequeños agricultores – están Jugando un papel clave en esta reactivación.
El gobierno también está llevando a cabo. una consulta nacional sobre para promover la reconciliación y la paz en escuelas, comunidades y familias, basadas en el respeto, la solidaridad y el diálogo.
Fuente: El 19 Digital
Esta entrada fue modificada por última vez el 23 de septiembre de 2022 a las 3:30 PM
