Nicaragua reiteró hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), su disposición a firmar un tratado limítrofe con Colombia, sin que esto implique negociar el fallo emitido por el máximo tribunal internacional en noviembre de 2012.
El agente y embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, cerró hoy la fase de audiencias orales ante la CIJ, en el caso de la demanda interpuesta por nuestro país por incumplimiento de Colombia al fallo que restituyó derechos soberanos nicaragüenses en el Mar Caribe.
En su intervención, Argüello dijo que «Colombia se ha dedicado a evitar las responsabilidades jurídicas» y pidió a la Corte que «rechace las objeciones de Colombia”, citan agencias internacionales.
Frente a la afirmación de Colombia de que «Nicaragua no está decidida a negociar», el diplomático señaló que «en todas las declaraciones del presidente Daniel Ortega», se ha dejado claro que el país centroamericano «está decidido a firmar un tratado» con el país sudamericano.
No obstante, aclaró que «Nicaragua nunca ha estado de acuerdo en negociar la sentencia de la Corte» de 2012, a través de la que quedan marcadas las delimitaciones marítimas.
En contra de las argumentaciones de Colombia, que sostiene que no existía disputa previa a la demanda de Nicaragua ante la CIJ, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oxford Vaughan Lowe destacó que ambas partes reconocían «la existencia de una disputa», haciendo referencia a encuentros entre Ortega y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.
Además, Lowe insistió en que Nicaragua «reclama» que Colombia «acepte sus responsabilidades» y asuma la sentencia de la Corte.
Según el profesor de la Universidad de Nanterre Alain Pellet, la Corte tiene «poder inherente» y su jurisdicción está claramente reconocida en su misión y estatutos.
Asimismo señaló que «bajo la ley internacional la Corte debe ejercer su poder cuando este sea necesario», como ocurre según Nicaragua en este caso concreto.
Por su parte, el profesor español de Derecho Internacional Antonio Remiro Brotóns calificó de «maquiavélicas» las interpretaciones de Colombia y dijo que Bogotá ha intentado confundir a la Corte» a su favor en relación a su interpretación del artículo 56 del Pacto de Bogotá para evitar cumplir la sentencia del alto tribunal de la ONU.
Dado que ambas partes se han referido a la «relevante jurisprudencia de los tribunales internacionales contemporáneos», y en concreto en referencia al «poder inherente» de éstos, la Corte ha solicitado a ambas partes que presenten por escrito sus consideraciones antes del 9 de octubre próximo.
A partir de ahora empieza el proceso de deliberación de la Corte que puede durar entre 4 y 6 meses, según estimaciones.
Esta entrada fue modificada por última vez el 2 de octubre de 2015 a las 10:19 AM