La administración Biden ha anunciado nuevas sanciones que pretenden golpear a los nicaragüenses más pobres, tanto en sus bolsillos como en los servicios públicos de los que dependen. Este último ataque a un pequeño país centroamericano está, como se acostumbra, disfrazado de promoción de la democracia diciendo que las sanciones “negarán al régimen de Ortega-Murillo los recursos que necesita para continuar socavando las instituciones democráticas en Nicaragua”.
Las exportaciones de oro proporcionan ingresos fiscales que financian los gastos sociales masivos de Nicaragua, incluido este hospital en Bilwi, Puerto Cabezas, que atenderá a los pueblos del Triángulo Minero.
Pero todo mundo sabe el objetivo real son los nicaragüenses comunes que votaron abrumadoramente en las elecciones del año pasado para que el gobierno sandinista se mantuviera en el poder.
Cualquiera que escuche o vea la noticia de NPR (Radio Emisora Pública Nacional) sobre las sanciones habrá escuchado que están dirigidas a la “industria del oro de Nicaragua”, con un mensaje implícito de que esto golpea el cofre del tesoro personal del presidente Daniel Ortega. La realidad es muy diferente. La minería de oro en Nicaragua por lo general se realiza de manera menos dañina al medio ambiente comparado con la mayoría de los demás países, es una gran industria de exportación que emplea a miles de personas en una de las regiones más pobres del país. También genera importantes ingresos fiscales para el gobierno, lo que permite financiar sus numerosos programas sociales. Las sanciones afectan no sólo al negocio de la minería aurífera sino a todas las personas involucradas en su gestión. El objetivo obvio es ahuyentar a los inversionistas, administradores y técnicos de la industria. El mensaje explícito es: pongan su dinero en Nicaragua y pierdan los activos que tienen en bancos estadounidenses.
¿Fue casualidad que las sanciones se anunciarán el mismo día que el gobierno sandinista presentó su presupuesto anual para 2023? El presupuesto es 14% superior al de este año, con más de la mitad de los gastos destinados a la inversión social. Incluye la construcción de no menos de nueve nuevos hospitales públicos, 4.300 hogares más al stock de viviendas sociales [asequibles], llevando electricidad a 35.000 hogares adicionales y mejoras masivas en los servicios de agua y saneamiento. Gran parte de la nueva inversión está dirigida a las regiones caribeñas del país de escasos recursos, que ahora están debidamente conectadas con los principales centros de población de la costa del Pacífico mediante carreteras recientemente terminadas y el enorme nuevo puente sobre el río Wawa. Estas regiones son una prioridad, en parte, porque fueron gravemente dañadas por los huracanes recientes.
Los cuidadosos planes del gobierno para proteger a las personas y reconstruir los asentamientos afectados, contribuyeron a que Daniel Ortega obtuviera el nivel más alto de apoyo, comparado con cualquier otra región del país durante las elecciones del año pasado. ¿Será otra coincidencia que estas zonas donde la extracción de oro es una importante fuente de empleo, se hayan convertido en el objetivo específico de las sanciones de Estados Unidos?
El segmento de NPR repite el señalamiento de la era Trump de que Nicaragua es “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esta ridícula afirmación, relanzada para justificar las recientes acciones de Biden, no tiene base en la realidad. Nicaragua es uno de los países más pequeños y pobres de América Latina, con una población de menos de siete millones, uno de los niveles más bajos de gasto en defensa del mundo y un producto nacional bruto equivalente a una ciudad estadounidense de tamaño medio. Incluso, la idea de que es una amenaza a la seguridad de sus vecinos es absurda, y mucho menos a la de Estados Unidos.
El comunicado de prensa del Departamento de Estado revela otro motivo de las sanciones: la alianza de Nicaragua con Rusia. Detrás de esto está el temor de Washington de que los países latinoamericanos, y no solo aquellos con gobiernos de izquierda, estén estrechando lazos tanto con Moscú como con Beijing. Un segundo mensaje es: haz alianzas con nuestros enemigos y serás castigado. Dentro de esto hay un tercer mensaje implícito: puedes pensar que eres un estado soberano, pero, de acuerdo con el «orden internacional basado en normativas» donde Estados Unidos decide las reglas, debes hacer lo que decimos.
Mientras escribo esto, llegan noticias sobre otro ejemplo de injerencia estadounidense en los asuntos de otro país, esta vez en la vecina Honduras. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, trata de asegurar los intereses de las empresas estadounidenses involucradas en los proyectos inconstitucionales conocidos como “ZEDES” o ciudades modelo creadas por el anterior gobierno corrupto, reemplazado en enero pasado por la presidenta progresista Xiomara Castro. El Canciller de la presidenta Castro formalmente citó a Dogu para que explique por qué intenta socavar las medidas del gobierno por restablecer el estado de derecho en las zonas donde se instalaron las ZEDES y por qué se opone a otras acciones de la presidenta Castro para esclarecer la corrupción del gobierno anterior. Como exembajadora en Nicaragua, Dogu estuvo involucrada en similar injerencia en este país.
En otro ejemplo reciente, The Intercept acaba de revelar que, en un informe al Congreso de Estados Unidos, la administración Biden sigue respaldando las afirmaciones de fraude electoral en las elecciones de Bolivia de 2019, que en ese momento abrió la puerta para un Golpe de Estado fraguado por fuerzas de derecha. cuyo gobierno duró hasta casi fines de 2020. Da la casualidad de que los gobiernos de izquierda tanto en Honduras como en Bolivia están actualmente bajo la amenaza de la derecha. En Bolivia, la oposición ha organizado una huelga general en la rica región de Santa Cruz. En Honduras, los políticos de la oposición están orientando a sus seguidores que tengan listas sus «camisas blancas», un símbolo de apoyo al caído en desgracia expresidente Hernández y el clan corrupto que lo rodeaba. Este precisamente es el momento en que Washington debería estar apoyando a los gobiernos electos, con los que puede tener desacuerdos, pero sin socavarlos. ¿O es a esto que el Departamento de Estado se refiere cuando “promueve la democracia?”
Estas acciones forman parte de un fracaso más amplio de Biden para enfrentarse al renovado surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina. El reciente ejemplo más notable de esto fue, por supuesto, la vergonzosa Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California que muchos de los gobiernos del continente boicotearon. Luego de esto, los colombianos eligieron al progresista Gustavo Petro como presidente y los brasileños tienen en segunda vuelta, la oportunidad de regresar al poder a su expresidente progresista, Luiz Inácio Lula da Silva. [Lula ganó las elecciones del 30 de octubre, derrotando al presidente derechista Jair Bolsonaro.]
En un artículo para Aljazeera, el académico canadiense John Kirk escribió recientemente que “es hora de que Estados Unidos reconozca que América Latina se está transformando y el activismo de izquierda en los años del 2020 representa un claro rechazo a las políticas de las últimas décadas”. Kirk argumenta que la región está abierta al diálogo con Estados Unidos, pero esto tiene que ser un intercambio respetuoso de opiniones, no “dictados de arriba hacia abajo”. Puede que tenga razón: a pesar de las fuertes sanciones, Venezuela ha entablado un diálogo espasmódico con Washington, a cómo lo ha hecho Cuba en la limitada medida de lo posible.
Nicaragua, por otro lado, se negó recientemente a aceptar al nuevo embajador designado por Estados Unidos, Hugo Rodríguez, después de que prometió al Congreso que “apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua”. Rodríguez también se refirió a Nicaragua como un “estado paria”, mostrando precisamente la arrogancia que el académico Kirk describió como el obstáculo a cualquier diálogo sensato entre Washington y sus vecinos del sur. Mientras tanto, Rusia y China (y, de hecho, otros estados importantes como India, Japón y Corea del Sur) ofrecen asistencia para el desarrollo sin condicionamientos «dictados de arriba hacia abajo» o «promoción de la democracia» que Washington cree tiene derecho a imponer. Hasta que los sucesivos gobiernos estadounidenses aprendan a comportarse de otra manera, seguirán perdiendo amigos en América Latina en lugar de atraer nuevas amistades.
[Nota del editor: A raíz de la reciente firma por parte del presidente Biden de la Orden Ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios en la industria del oro de Nicaragua, la transnacional canadiense Calibre Mining Corp anunció que continuará con sus operaciones en Nicaragua. Otra empresa, Condor Gold, con sede en el Reino Unido, dijo que no anticipa que las sanciones impuestas por Estados Unidos tengan impacto en su operación en el país. El año pasado, Estados Unidos impuso las sanciones de la “Ley Renacer” a Nicaragua pocos días antes de las elecciones presidenciales. Ahora, justo antes de las elecciones municipales del 6 de noviembre, golpean a Nicaragua con más sanciones como una forma de tratar de influir en los votantes].
Por John Perry
[John Perry vive en Masaya, Nicaragua y escribe para el Consejo de Asuntos Hemisféricos, London Review of Books, FAIR y otros medios.]
Esta entrada fue modificada por última vez el 8 de noviembre de 2022 a las 10:48 AM
