La moción aprobada por la OEA, que básicamente acusa a Nicaragua de una utilización política de la justicia, es una obra maestra de la hipocresía.
No sólo porque no toma la más mínima nota de la realidad de los hechos e impone -lo hace- una lectura totalmente politizada de los acontecimientos, sino también porque exige a Nicaragua lo que no pide a ningún otro país. Al mismo tiempo, la falta de interés en la investigación judicial que está sacudiendo a Costa Rica, cuya clase dirigente se cuenta entre las más corruptas del mundo, parece cuando menos curiosa.
En Costa Rica, al igual que en Nicaragua, se está investigando para interceptar una operación criminal de corrupción y lavado de dinero que involucra a la política y al sistema financiero. Exactamente lo mismo que ocurre en Nicaragua, sólo que la vista está puesta en Managua mientras el ojo permanece vendado en San José.
Es extraño, entonces, que en un momento de grandes convulsiones en todo el continente y con al menos una emergencia humanitaria como en Colombia, una emergencia sanitaria como en Brasil, la OEA encuentre la forma y el momento de reunirse para hablar de Nicaragua. Curioso, ¿no? La represión permanente que desde hace 45 días tiñe de sangre y dolor las calles de Colombia puede ser un problema visto desde Cali o Bogotá, pero desde luego no lo es desde las oficinas de la OEA en Washington.
¿Elecciones? El dudoso escrutinio de las urnas y la dura represión que siguió al asalto al Capitolio no habían suscitado la más mínima alarma en la OEA, quizá porque el estado de «excepcionalidad» de los Estados Unidos implica una lectura con lentes selectivos, buenos hacia el exterior pero no hacia el interior. ¿Represión? Aparte de Colombia y la matanza chilena, ni siquiera la feroz represión de hace unos meses en Panamá y Costa Rica mereció la atención de la institución.
Menos aún, por supuesto, el intento de golpe de Estado en Perú, en el que participa hasta la OEA a través de su vergonzoso secretario general Almagro, líder de la banda de traidores que ha hecho carrera en las filas de la izquierda, pero se ha enriquecido en las de la derecha.
Como muestra de la importancia del respeto a los derechos humanos y contra todos los abusos de poder, la resolución contra Nicaragua aprobada por la OEA contó con los votos de Honduras, un narco estado en el que el presidente y su hermano están siendo investigados por narcotráfico, y con los de Colombia, cuyo presidente, Iván Duque, comparte con su mentor Álvaro Uribe una acusación de crímenes contra la humanidad.
La misma acusación hacen los juristas internacionales a Sebastián Piñera, el presidente penalista de Chile, otro voto a favor, y a Uruguay, que acaba de aprobar leyes similares a las vigentes durante la dictadura militar.
Completamente superfluo valorar el voto del Brasil de Jair Bolsonaro, que ha conseguido en pocos años la poco edificante hazaña de establecer un paralelismo internacional entre la vergüenza y el país carioca.
También votó con ellos el ya caducado gobierno de Perú y, para simbolizar la rigurosa atención de la OEA al respeto de la democracia, el representante de Guaidó, a quien la OEA hace pasar vergonzosamente por el representante de Venezuela, que en cambio ha abandonado la OEA. Firmó una resolución en la que pedía elecciones transparentes para alguien que representa ilegalmente a un país. Una persona que nunca fue elegida y a la que nadie ha votado nunca. Extraordinario ejemplo del modelo democrático que tiene Almagro en la cabeza.
Guaidó, asociado a narcotraficantes colombianos amigos de Uribe, es un ridículo comediante elegido presidente con un tuit de Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos. No representa a Venezuela porque nunca fue elegido por nadie y no tiene ninguna influencia sobre el país. Cualquier funcionario del gobierno tiene más autoridad que Guaidó, que ahora goza del destino de los perros de la iglesia en América Latina: nadie lo caza pero nadie lo recibe. Excepto la OEA.
En la votación, la abstención de México y Argentina fue una sorpresa. Un grave error político, porque independientemente de las valoraciones que se hagan, considerar que la OEA está facultada para dar licencias de legalidad a los procedimientos internos de lucha contra el crimen organizado o a la aplicación de su legislación es un peligroso error, porque sienta un precedente de injerencia maniobrada que corre el riesgo de repercutir en el futuro contra la propia Ciudad de México y Buenos Aires.
Una institución ridícula
El «Ministerio de Colonias de Estados Unidos» fue como lo definió el Comandante Fidel Castro, y aún hoy parece una síntesis perfecta de su perfil.
De hecho, desde su fundación, la OEA se ha revelado como una institución comprometida con el apoyo al sistema de control estadounidense sobre el continente. De hecho, no hay agresión militar estadounidense -directa o indirecta- contra el conjunto de América Latina que la OEA no haya apoyado, comprometiéndose incluso a darle una especie de aval político-jurídico continental.
Más que un organismo continental multilateral, la OEA sigue siendo la oficina de prensa, la junta de defensa y el fondo político del dominio político-militar de Estados Unidos sobre toda América.
Pero es con la llegada de Almagro cuando ha dado el salto definitivo de apoyo y fondo a la iniciativa norteamericana a agente directo, de tropa complementaria a protagonista principal de la desestabilización y el golpismo, que siempre han representado la auténtica cara de la presencia norteamericana en América Latina.
Indicativo del nuevo protagonismo del gobierno de Almagro fue la cruzada contra Venezuela, donde el ex exponente del Frente Amplio uruguayo dijo que no se podía descartar la opción de una intervención militar contra Caracas.
La gestión del expediente venezolano en connivencia con Washington y la ultraderecha venezolana, asistida sobre el terreno por el narcoestado colombiano, ha cosechado fracasos a un ritmo continuo. Ejemplar de este nuevo papel de intervención directa de la OEA fue el papel de protagonista absoluto en el golpe de Estado en Bolivia, que arrebató a Evo Morales la legítima victoria para entregar al impresentable Anez el gobierno de la nación andina.
Almagro y el Nicaragua
En el caso de Nicaragua, el papel de contrapeso político del gobierno se ha ido manifestando progresivamente, con el calendario de sus exteriores dictado por el marcador de Estados Unidos.
Aunque en un principio, durante su visita al país en 2018, había medido directamente la campaña de mentiras del golpismo, polemizando con algunos de sus dirigentes (especialmente Carlos Fernando Chamorro, el decano del periodismo comprado) Almagro se ha posicionado posteriormente cómo rápidamente en la baldosa que EEUU le ha asignado, es decir, la del apoyo al golpe.
La identificación con el golpe por parte de la OEA ha tenido diferentes pasos: el primero fue el reconocimiento de la interlocución política ocurrida a través de reuniones con muchas fotos y abrazos del Secretario General de la OEA con los golpistas, que fueron en procesión a Washington para reunirse con funcionarios y ejecutivos para pedir sanciones y castigos para su país.
El hecho de que el secretario general de la OEA se haya reunido con los golpistas no puede ser descartado como un gesto de cortesía: en su papel, Almagro debería haber rechazado la reunión, ya que las instituciones y el gobierno de cada país son el interlocutor y el contacto en la relación con la OEA, no la oposición a la misma, más aún si son golpistas.
Esa foto transformó a la OEA de un organismo multilateral, del que el gobierno nicaragüense es miembro, en un enemigo político. Esa imagen tenía un propósito preciso: el aval político al golpe y, en cambio, la negativa a apoyar al gobierno nicaragüense en sus reformas legislativas, planificadas precisamente para el plazo electoral y acordadas en sus aspectos técnicos con la propia OEA.
Una traición a la lealtad interna del organismo y a su propio papel de garante del orden constitucional interno de cada país, tal y como se prevé precisamente en el tratado de creación de la OEA. Más aún cuando la actuación del organismo está vinculada a la defensa de la constitucionalidad de cada país.
Con el paso de los meses la posición de Almagro se ha radicalizado, proponiendo repetidamente la discusión de Nicaragua en la OEA, cuando no había ninguna razón para hacerlo: era el instrumento para presionar a Managua, una amenaza latente para la aplicación de la Carta Democrática para la que todavía no hay números.
El hecho de que la resolución contra Nicaragua sea un grave problema para Managua está por ver. Bien mirado, quien sale deslegitimada de la confrontación es la OEA, que ha perdido el último tren en la dirección de una rehabilitación de su imagen ahora totalmente desprovista de prestigio y credibilidad.
Nicaragua no está ni se siente sola
Se han producido repetidas manifestaciones que confirman la distancia entre la autoreferencialidad de la OEA y la autoridad de la ONU.
Los últimos son muy recientes y se suceden con pocas horas de diferencia. De hecho, mientras la OEA expresaba su condena a Nicaragua por tomarse la libertad de aplicar su propio código penal y civil, las Naciones Unidas, auténtica expresión de la comunidad internacional, rechazaban con un rotundo 134 a 59 una moción de condena a Managua.
Presentada por Estados Unidos y la Unión Europea, la moción resultó ser un boomerang numérico y político. Numéricamente, porque si se suman los 28 países de la UE, los 24 de la OEA que unas horas antes habían firmado un documento idéntico, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, que son territorios de ultramar de EEUU, Israel y la banda criminal del Golfo Pérsico, prácticamente nadie en el mundo está dispuesto a creer en la buena fe de la banda imperial.
Desde el punto de vista político, la derrota de Estados Unidos y la UE es aún más dura, porque confirma la opinión de la comunidad internacional sobre sus políticas imperiales y su nostalgia neocolonial fuera de tiempo.
La ONU identifica, reconoce y rechaza el esquema imperial, la política de opresión ejercida por todos los medios, la desestabilización permanente implementada contra los países que no obedecen a sus ansias devoradoras, el vulgar y estúpido intento de presentar como un anhelo de libertad el intento de destruir la libertad de Nicaragua.
Son textos y contextos que se ven en todos los rincones del planeta y que representan plenamente la política imperial y colonial de un sistema que ve en la dominación absoluta sobre los países que no forman parte del tablero atlántico y en la ausencia de tolerancia hacia cualquier forma de gobierno soberano e independiente que se remonte al socialismo.
En esa votación está toda la insufribilidad del planeta hacia las ansiedades dominantes de una nación convencida de que puede doblegar todo y a todos a sus caprichos.
Hacia noviembre 2021
No hay duda del despliegue de nuevas y muy fuertes sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua. El plan RAIN, elaborado desde 2019, los había previsto y anunciado, y la ley Renacer será el sello final de la nueva cobardía imperial.
Pero creer que estas medidas son una respuesta a la investigación que está sacando a la luz el papel criminal del golpe y la injerencia de Estados Unidos en la generación de la desestabilización, sería un error colosal.
Las medidas punitivas contra Nicaragua, al igual que las adoptadas contra Venezuela y Cuba, no responden a una mecánica de acción/reacción en relación con acontecimientos políticos internos o externos. Por el contrario, son el instrumento que Washington utiliza cuando se da cuenta de que el nivel de consenso del que gozan los países que le son hostiles no puede reducirse mediante el voto, es decir, cuando sus mercenarios locales no pueden resultar creíbles para un vuelco electoral del marco político.
Las sanciones se convierten, pues, en una de las armas -junto con los intentos de golpe de Estado y la financiación de las oposiciones- para intentar reducir el consentimiento de la población a los respectivos gobiernos.
Se trata ahora de entender qué y cuántas medidas decidirá tomar Managua para demostrar a Washington que el chantaje, las amenazas y las sanciones unilaterales tienen un coste, directo e indirecto, incluso para quienes las ejercen y para sus quinta columnas.
Nicaragua ha expulsado a los marines y a los contras de su tierra, ha limpiado sus calles de matones pagados por el latifundio oligárquico, y está obligando a que el delito político sea legal: que ahora deba temer la opinión de la OEA parece francamente difícil de imaginar. ¿No reconoce la OEA la legitimidad de la ley electoral nicaragüense? Nicaragua no reconoce el papel de la OEA como árbitro y supervisor del proceso electoral. Y con muchas buenas razones, la primera de las cuales es su afición al fraude electoral a favor de la derecha y la segunda es su declarada hostilidad política preconcebida contra el gobierno de Managua.
Esto elimina el valor objetivo y subjetivo del organismo, dado que se carece de imparcialidad y objetividad de juicio, de la distancia adecuada entre los mecanismos electorales y las simpatías políticas, de la falta de reconocimiento del valor absoluto de la legitimidad jurídica de los procesos electorales, que es la base esencial de toda observación. ¿Cómo se observa una elección que no se reconoce?
Nicaragua irá a las elecciones a pesar de las objeciones de la OEA y en su proceso electoral no participará el organismo liderado por Almagro, ni Estados Unidos y la UE, que de lunes a viernes imponen sanciones y amenazas y luego el fin de semana se erigen en árbitros neutrales con el veredicto ya escrito.
Al fin y al cabo, aunque resultaron bastante controvertidas, no hubo observadores nicaragüenses ni europeos en las elecciones de Estados Unidos, así que ¿cuál es el problema si no hay observadores de Estados Unidos ni de la UE en las elecciones de Nicaragua? La ausencia de la OEA, específicamente en América Latina, marcará el fin de su papel como árbitro o supervisor. ¿Protestará la OEA? Paciencia, hay problemas más graves en el mundo.
El 7 de noviembre, el electorado nicaragüense acudirá a las urnas y pondrá en su papeleta su juicio sobre 14 años de gobierno sandinista, sus sueños y esperanzas.
Cuando se cierren las urnas, el panorama que se presentará será el siguiente: Sandino se paseará por todas las calles de Nicaragua, mientras que Almagro sólo podrá dar ida y vuelta en la alfombra de su despacho en Washington.
Licenciado en Comunicación Social, egresado de la UNAN-León con especialización en Comunicación Digital Estratégica.