Puerto Rico no puede pagar sus deudas, que ascienden a 72.000 millones de dólares, lo que equivale a su PIB anual. Los problemas no son nuevos. La bancarrota era previsible, pero el gobierno poco ha hecho para evitarla.
Puerto Rico se halla en recesión desde hace diez años. En ese periodo, su PIB ha caído un 14 por ciento. Todo comenzó en 2006, cuando terminó un privilegio impositivo. “Sol, playa y cero impuestos” prometía Puerto Rico a empresas estadounidenses que invirtieran en la isla. Muchas vinieron.
La idea era desarrollar en Puerto Rico una estructura industrial que se beneficiara de la proximidad a los Estados Unidos. Con los privilegios impositivos se aspiraba a compensar la desventaja que supone que la isla, como estado asociado, deba aplicar el derecho laboral estadounidense, incluido el sueldo mínimo.
Pero esa política de fomento económico reveló ser insostenible: cuando, en 2006, Estados Unidos derogó los privilegios impositivos para inversiones de empresas norteamericanas en Puerto Rico, como habían venido, las empresas también se fueron. Lo que quedó fue el sueldo mínimo, de 7,25 dólares la hora.
Quien lo cobra gana por año unos 15.000 dólares, lo que se aproxima bastante al ingreso promedio per cápita en la isla, de unos 20.000 dólares. Ese sueldo mínimo es demasiado alto para Puerto Rico, lo que queda claro teniendo en cuenta que el ingreso promedio per cápita en Estados Unidos es unas tres veces mayor.
Una sangría permanente
Las consecuencias de ese desequilibrio son dos: personas jóvenes con escasa capacitación no hallan trabajo en la isla y quien puede, se marcha a Estados Unidos. Puerto Rico tiene 3,5 millones de habitantes, en Estados Unidos viven hoy unos 5 millones de portorriqueños.
En los últimos cinco años, un cuarto de millón de personas ha abandonado Puerto Rico. Esa sangría hace que la deuda pública acumulada deba repartirse entre cada vez menos habitantes. Hoy, cada portorriqueño debe en promedio un ingreso anual.
Otro efecto de la emigración es que las estructuras públicas están sobredimensionadas. A ello se agregan generosas prestaciones sociales, que llegan al 40 por ciento de los ingresos totales. En Estados Unidos son del 20 por ciento. Quien cobra prestaciones sociales en Puerto Rico tiene poca motivación para postularse a un puesto de trabajo en el que ganará igual o poco más.
En lugar de tratar de sanear las finanzas públicas, redimensionar el Estado y reducir los programas sociales, el Gobierno ha intentado combatir el problema de la deuda con más deuda: un método que ya en muchos otros países demostró resultar ser ineficaz.
Para pagar la deuda, más deuda
Aún en marzo de 2014, el Gobierno emitió nuevos bonos del tesoro por 3.500 millones de dólares, prometiendo, junto con exenciones impositivas, un beneficio neto anual del 20 por ciento. Los bonos pronto hallaron compradores. Pero ese dinero fue pulverizado en un año sin mayores beneficios para la economía de la isla.
Los que se beneficiaron fueron fondos hedge de Estados Unidos, que hoy controlan un tercio de la deuda pública de Puerto Rico. Estos cuentan además con importantes ventajas: de acuerdo con la legislación portorriqueña, inversionistas estadounidenses que compren bonos del estado libre asociado tienen prioridad. Eso significa que el Gobierno, antes de pagar a los funcionarios y jubilados, debe pagar a los inversionistas.
No puede sorprender, por lo tanto, que los fondos de inversión no tengan interés alguno en llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda con el Gobierno de Puerto Rico: el pago de intereses y amortización de deuda les está prácticamente asegurado. Y mientras los republicanos los apoyen en el Congreso, no se ve otra salida a la complicada situación en que se halla Puerto Rico más que un radical ajuste de las finanzas públicas.
Fuente: DW.COM
Esta entrada fue modificada por última vez el 11 de enero de 2016 a las 10:42 AM