Dan Kovalik – OPINIÓN / Ya han pasado 37 años desde la aprobación de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Son siete los presidentes de los Estados Unidos, algunos Republicanos y algunos Demócratas, que se han sentado en la Casa Blanca desde entonces. Pero, tristemente, el pago de la indemnización ordenada por la Corte en base a su veredicto aún no se ha cumplido.
El caso de Nicaragua contra Estados unidos, una iniciativa propuesta por el Padre Miguel d’Escoto, es emblemático de las más de 150 años de lucha de Nicaragua por independizarse de las garras del Imperio estadounidense. Nicaragua, una nación pequeña y relativamente pobre, ha luchado valientemente contra el poder mucho más fuerte y más grande de los Estados Unidos que ha tratado de manera obsesiva capturar a Nicaragua en su talón. Increíblemente, Nicaragua siempre encuentra un camino para defenderse, ya sea con el derrocamiento de los marines de los Estados Unidos de su tierra en 1933, el derrocamiento de la dictadura Somocista respaldada por Estados Unidos en 1979 o la derrota de los Contras en la década de 1980. Esta última batalla es el tema del caso de la CIJ.
En 1984, Nicaragua llevó a los Estados Unidos a los tribunales por organizar, entrenar y apoyar a las fuerzas de la Contra que aterrorizarían a Nicaragua durante casi una década y finalmente conducirían a la muerte de 30,000 nicaragüenses. Además de su guerra contra Nicaragua, Estados Unidos también minó los puertos de Nicaragua, destruyó las instalaciones petroleras nicaragüenses e impuso un bloqueo económico al país. Nicaragua impugnó todas estas fechorías ante la CIJ.
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En última instancia, Nicaragua, como de costumbre, prevaleció contra los Estados Unidos, obteniendo un amplio veredicto de condena a los Estados Unidos por sus crímenes sustanciales contra Nicaragua y su pueblo. La CIJ ordenó a Estados Unidos que detuviera su guerra contra Nicaragua y que compensara a Nicaragua por todas las pérdidas que la guerra le había costado. Esta decisión no solo fue un triunfo para Nicaragua, sino que también debería haber marcado un triunfo para el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que creó la CIJ y que formalizó el concepto de que todas las naciones son soberanas e iguales a pesar de su tamaño relativo, riqueza o poderío militar.
Lamentablemente, sin embargo, la respuesta de los Estados Unidos al caso y la decisión de la CIJ terminó marcando una gran e histórica derrota para el derecho internacional. Esto es así porque Estados Unidos, al decidir que tenía el poder de ignorar la jurisdicción y la autoridad de la CIJ, a pesar del hecho de que Estados Unidos ayudó a redactar la Carta de la ONU que creó esta corte, se negó incluso a presentarse ante la corte sobre los méritos y, en última instancia, se negó a reconocer u honrar la decisión y el laudo de la CIJ. El mensaje de Estados Unidos fue claro: el derecho internacional se aplica solo a los débiles y no a los fuertes. Por supuesto, en tal caso, no hay ley internacional en absoluto, porque una ley que no se aplica tanto a los débiles como a los fuertes no es ley en absoluto.
El Ejecutivo estadounidense, entonces dirigido por el presidente Ronald Reagan, no solo se burló del derecho internacional, sino que también se burló del derecho estadounidense. Por lo tanto, si bien la decisión de la CIJ jugó un papel muy importante en la decisión del Congreso de los Estados Unidos de prohibir el apoyo de los Estados Unidos a los Contras, la Administración Reagan decidió continuar financiando y armando a los Contras de todos modos. Y los medios que la Administración eligió para hacer esto fueron particularmente ilegales y atroces. Por lo tanto, la Casa Blanca optó por dedicarse al tráfico de cocaína a su propio pueblo y vender armas ilegalmente a Irán durante el apogeo de su brutal guerra con Irak, que Estados Unidos también estaba armando, para obtener fondos para los Contras. Esto llegó a ser conocido como el escándalo Irán-Contras.
En resumen, los Estados Unidos aprovecharon la ocasión del caso Nicaragua vs.Estados Unidos para burlarse públicamente del derecho internacional y nacional y establecer un orden mundial injusto. El sucesor de Reagan, George H. W. Bush, anunciaría este «Nuevo Orden Mundial» en 1990 después de invadir a Panamá en 1989 de manera unilateral por su pecado de negarse a seguir facilitando el apoyo para los Contras. Bush luego puntualizaría su discurso del » Nuevo Orden Mundial–, un discurso que dejó en claro, junto con su invasión de Irak, que Estados Unidos era ahora el único poder en el mundo en ausencia del bloque socialista que se estaba derrumbando.
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Mientras que el caso de Nicaragua vs. Estados Unidos, por lo tanto, podría decirse que se erige como un monumento a la grave derrota de la ley, escribo este artículo en un momento en que el «Nuevo Orden Mundial» está muriendo, y cuando se está naciendo un mundo multipolar.
La posibilidad de revivir ahora un mundo más justo, gobernado por la ley en vez de la espada, ahora es posible. Y la pequeña Nicaragua, que ha resurgido de las cenizas de la larga década de 1990 en la que luego de la derrota electoral de los sandinistas, una serie de gobiernos neoliberales llegaron al poder, ahora continuará desempeñando un papel importante y destacado precisamente en la defensa de un orden mundial equitativo y justo.
Así que termino esta reflexión con un fuerte sentimiento de esperanza para el futuro, y como en muchas otras veces en mi vida, es Nicaragua y los sandinistas los que me llenan de esa esperanza.
Daniel Kovalik es abogado de derecho internacional y profesor que vive en Pittsburgh, EE.UU.
Esta entrada fue modificada por última vez el 26 de junio de 2023 a las 4:29 PM
