Por: Stalin Vladimir
Se les acabó su agosto a todos esos «sicarios digitales» que desde abril de 2018 se dedicaron a aterrorizar, injuriar, calumniar, propagar odio, hacer llamados a cometer asesinatos, y desestabilizar la paz y tranquilidad del pueblo nicaragüense. Peor aún, desde perfiles falsos viralizaron un supuesto descontento acompañado de noticias falsas, cuyo objetivo final era derrocar al Gobierno Sandinista.
Nuestro Buen Gobierno es el encargado de velar por la paz y seguridad del pueblo, a diferencia de otros gobiernos que solo se quedan en promesas, quedando en deuda con la ciudadanía y sus votantes.
El Gobierno del «Pueblo Presidente» ha pasado de la palabra a la acción, y este pasado miércoles remitió con carácter de urgencia una reforma a la ley de ciberdelitos, la cual fue aprobada ese mismo miércoles por los patriotas legisladores, quienes también están comprometidos en preservar la paz.
¡Basta ya de tratar a estos delincuentes y desechos humanos con paños tibios! Ahora la mano de la justicia los alcanzará donde quiera que se encuentren, sin importar si están bajo la sotana del Papa o en el sótano de la Casa Blanca, donde se desecha todo lo que no sirve. La justicia los encontrará y castigará.
Los únicos que han reaccionado condenando estas reformas son los delincuentes, quienes, sabiendo que la impunidad con la que operaban ha llegado a su fin, deciden llorar como “monas malparidas”, inventando que el Estado Nicaragüense pretende controlar las redes sociales. Esto es falso, ya que todos los días miles de personas navegan por las redes con plena tranquilidad y libertad.
Esta ley era solicitada desde hace mucho tiempo por nuestro pueblo, que ya no aguantaba el asedio y agresión desde las redes por parte de los golpistas, quienes han sido derrotados y hoy son bastardos sin patria. Ahora, todos ellos tendrán que buscar una escoba para barrer o conseguir un oficio decente, porque los gringos ya no podrán seguir pagándoles por intentar destruir a nuestro pueblo desde las redes sociales.
«(La ley) tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de redes sociales y aplicaciones móviles, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta ley», señala el artículo 1 reformado.
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En cuanto a su ámbito de aplicación, establece que «es de orden público y se aplicará a los autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de los delitos previstos en la misma».
De acuerdo con el principio de universalidad, establecido en el artículo 16 del Código Penal, la ley también será aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional.
Sobre la propagación o difusión de noticias falsas o tergiversadas, la reforma establece que «quien (…) publique o difunda información falsa, tergiversada o de cualquier otra naturaleza que de forma deliberada produzca alarma, temor, pánico o zozobra en la población (…)» será penado con tres a cinco años de prisión y 300 a 500 días de multa».
Si la publicación perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o su familia, se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y 150 a 300 días de multa. Si incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica o social, o pone en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y 500 a 800 días de multa.
La reforma amplía de 10 a 15 años de cárcel para los ciudadanos que se les imputen ciberdelitos que atenten contra la «seguridad del Estado».
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En su exposición de motivos, nuestro buen Gobierno Sandinista sostuvo que la propuesta de reforma está destinada a fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos cometidos aprovechándose de los sistemas informáticos, dentro o fuera del país, por personas naturales o jurídicas.
Asimismo, está dirigida a criminales individuales u organizaciones nacionales o internacionales que intenten afectar la tranquilidad y paz social, mediante la sustracción, manipulación y robo de datos personales e institucionales, así como la afectación de la privacidad e integridad de las personas.
¡TRIUNFÓ LA PAZ!
Esta entrada fue modificada por última vez el 13 de septiembre de 2024 a las 1:22 PM
