“Los enfrentamientos ahora son de hordas de extrema derecha atacando a los sandinistas, pero si los sandinistas somos atacados y nos defendemos, se presentan como paramilitares que atacan a manifestantes pacíficos; si nos matan, agregan nuestros nombres a su lista de mártires pacíficos asesinados como resultado de las masacres perpetradas por el gobierno … esa es la fórmula [de la narrativa de los medios]», Carlos Fonseca Terán , líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 7 de julio 2018, Managua.
La cita anterior resume la visión falsa y simplista de los medios de prensa mundiales sobre la crisis compleja que por 3 meses, desde el 18 de abril de 2018, envolvió a Nicaragua en una ola de violencia de extrema derecha.
Mintiendo descaradamente, los medios, (como hicieron antes en Venezuela entre enero y julio de 2017), culparon de la violencia al gobierno Nicaragüense, etiquetándolo de «dictatorial», «autoritario» y «corrupto». Y repitieron hasta la saciedad, para generar un molde de opinión, que el prestigio y la popularidad de Ortega “están tocando fondo”.
Todo lo anterior a pesar de las montañas de pruebas irrefutables de lo contrario y, lo peor, plenamente conscientes de los hechos comprobados que contradecían el núcleo central de su narrativa.
La razón de tan bajos niveles de estándares periodísticos es que no se trata de informar a lectores o televidentes sobre las complejidades de la situación, sino sobre demonizar al gobierno del FSLN.
El editorial The Guardian / Observer del 17 de junio de 2018 decía: «Debería quedar claro que el cambio se necesita urgentemente ahora [la gente de Ortega] se ha vuelto contra [él]».
Desde que estalló la «crisis» los medios demonizaron al FSLN, a Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, presentando falsamente la ola de violencia de extrema derecha como «protestas callejeras espontáneas y desorganizadas», desencadenadas por las reformas de seguridad social, pero provocadas por un profundo descontento con el «gobierno dictatorial de la familia ortega».
Así, los medios corporativos mundiales han construido mitos, noticias falsas, medias verdades y mentiras flagrantes dirigidas a persuadir al público, no muy subliminalmente, de que el derrocamiento del gobierno del FSLN en Nicaragua es deseable y beneficioso para la democracia, la estabilidad regional, la libertad y cualquier otro cliché imaginable.
Tom Phillips, corresponsal de Guardian en Managua, afirmaba despreocupadamente: «Las acciones de Ortega han caído desde su reelección en 2006», y ello fue repetido por casi todos los grandes medios corporativos mundiales, aunque es completamente falso.
De hecho, desde 2006, la base electoral del FSLN ha ido creciendo constantemente: Ortega fue reelegido presidente en 2006 con un 38 por ciento (%), en 2011 con un 62% y con un 72% en 2016.
La votación parlamentaria del FSLN ha pasado del 38% en 2006 al 61% en 2011 y al 71% en 2017.
Y la fuerza electoral municipal del FSLN fue de 52 municipios (de 153) en 2000, 87 en 2004, 105 en 2008, 134 en 2012 y 135 en 2017.
Otro mito mediático es que la reforma del sistema de seguridad social del FSLN fue lo que provocó la ola de protestas, causadas por “la mala administración” del sistema de seguridad social, combinado con «el colapso de la economía en el aliado clave de Nicaragua, Venezuela», (impulsada por The Guardian y The Economist el 6 de junio y el 16 de julio de 2018, respectivamente).
Los medios presentan la reforma como recortes en las pensiones y austeridad. La reforma de la seguridad social se llevó a cabo debido a las exigencias del FMI para que el gobierno redujera sus gastos que incluía un aumento en la edad de jubilación de 65 años, y un aumento a más del doble del número de semanas que los trabajadores tendrían que pagar para acceso a beneficios.
En contraste, la propuesta del FSLN aumentó la contribución de los empleadores en un 3,5% a los fondos de pensiones y salud, y la de los trabajadores en apenas un 0,75%, y transfería el 5% de las pensiones al fondo de asistencia sanitaria. Y mantuvo la edad de jubilación a los 60 años.
Lo que también es completamente falso es que la economía de Nicaragua estaba al borde de una crisis económica. De hecho, era lo opuesto.
Antes de la ola de violencia de la extrema derecha, la tasa de crecimiento promedio de Nicaragua superaba el 5%, la pobreza, la pobreza extrema, el desempleo y la exclusión social habían sido reducidos masivamente, las tasas de criminalidad eran bajas, el analfabetismo había sido erradicado y era una de las economías más estables.
Todo corresponsal lo sabe y, sin embargo, describen el desarrollo económico de manera negativa, ya que de lo contrario su narración sería incoherente.
Lo que es extraordinario es la insistencia de los medios corporativos en que toda la violencia y las víctimas de esa violencia eran causadas exclusivamente por el gobierno:
«La respuesta de Ortega ha sido brutal. Al menos 170 personas murieron y cientos más resultaron heridas en actos de violencia en los que la policía disparó munición real, respaldada por «grupos de choque» de paramilitares armados», dijo el Observer.
Los medios corporativos evitaron cuidadosamente mostrar a los «manifestantes pacíficos» portando armas de fuego, a pesar de que había una gran cantidad de tales fotos y videos en las redes sociales.
Además, también hubo una gran cantidad de videos, fotos y otros materiales que prueban irrefutablemente que agentes de la derecha perpetraron atrocidades: torturas a personas en público mientras se filmaban, matarlas después de haber sido torturadas y quemar sus cuerpos una vez que los habían sido asesinado.
Incendiaron casas, ambulancias y hospitales, pero sus objetivos favoritos, las instituciones públicas y las estaciones de policía fueron atacados con munición real y estuvieron bajo asedio durante días.
Sin embargo, los escritores de medios corporativos en el terreno, que eran plenamente conscientes de esto, evitaron mencionar esta información incómoda, pero ampliamente disponible, en sus «informes».
También hay toneladas de información sobre el papel de delincuentes armados conocidos en las barricadas, que cometieron atrocidades contra los sandinistas y aterrorizaron comunidades enteras durante semanas, y fueron calladas.
Los medios afirmaban falsamente que la ola de violencia era “espontánea” cuando eran plenamente conscientes de que la crisis fue el resultado de preparativos cuidadosos y a largo plazo en los EEUU, para un «cambio de régimen» en Nicaragua.
La extrema derecha republicana de EEUU, encabezada por Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, comenzaron una campaña contra el gobierno del FSLN en septiembre de 2016 con la Ley Nica, instruyendo al gobierno de EEUU de vetar cualquier préstamo internacional de asistencia a Nicaragua por parte de organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), como condición para «mejorar la democracia, los derechos humanos y luchar contra la corrupción».
Entre 2014 y 2017, la Fundación Nacional de EEUU para la Democracia (NED) y USAID financiaron generosamente más de 50 proyectos de «promoción de la democracia», y «fomento del papel de los jóvenes en la defensa de la democracia» por valor de $ 4.2 millones de dólares.
Las organizaciones clave que se han beneficiado de esta “generosidad” han exigido la renuncia de Ortega.
Freedom House también ha participado en la financiación de activistas de extrema derecha para recorrer Europa y buscar apoyo para el «cambio de régimen» en Nicaragua. Por lo tanto, mucho antes de que la ola de violencia comenzara en abril de 2018, la derecha de Nicaragua estaba bien preparada, muy bien financiada, ciertamente muy bien asesorada, altamente capacitada y respaldada: lista para el «cambio de régimen».
Grupos de izquierda se han creído y repiten sin análisis la narrativa de la prensa señalando que “la oposición en Nicaragua llama a nuevas protestas para pedir renuncia de la familia Ortega” y lo suben a sus páginas web.
Pero, como mostraron las celebraciones del 39 aniversario del derrocamiento del dictador asesino apoyado por los EEUU, Anastasio Somoza, el 19 de julio, el apoyo a Ortega, al FSLN y la revolución es tan gigantesco como lo es el apoyo para la Paz y el diálogo.
Los nicaragüenses han rechazado abrumadoramente el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido, por una minoría violenta financiada por los EEUU.
Ahora el imperialismo norteamericano ha aprobado una ley injerencista, para castigar al Pueblo Nicaragüense, la Nica- Act, violentando una vez más las leyes internacionales, y Trump anunció públicamente el envío de otros cuatro millones de dólares a lo que llama “la sociedad civil”:
Es decir las organizaciones dependientes de USAID, la NED, la Fundación para el Desarrollo de la Democracia, y otras que son la cobertura de la CIA, lo que indica que está en preparación un nuevo golpe “blando”, pero siempre violento.
El imperialismo norteamericano no entiende que quien debe decidir quién gobierna o no a Nicaragua es su propio Pueblo y no Donald Trump.
Fuente: El 19 Digital
Esta entrada fue modificada por última vez el 23 de septiembre de 2022 a las 2:47 PM
