La iniciativa del poder judicial nicaragüense contra Cristiana Chamorro, como era previsible, ha despertado la reacción de malestar de Estados Unidos y sus aliados, que denuncian la investigación del poder judicial como una «operación política destinada a eliminar la candidatura de la señora de las elecciones de noviembre próximo».
Que Daniel Ortega pueda temer su candidatura parece una hipérbole. Por el contrario, pensar que el poder judicial debe detenerse sólo porque es una candidata autodesignada sería un uso político de la justicia y, por supuesto, una declaración de soberanía limitada del Estado nicaragüense hacia algunos de sus ciudadanos.
El alboroto de la OEA, Estados Unidos y la UE choca con el vergonzoso silencio que se diò en los casos de Rafael Correa en Ecuador o Ignacio Lula da Silva en Brasil, o Cristina Kirchner en Argentina, donde el patio del imperio aplaudió a rabiar las fabricaciones judiciales (allì sì) que impidieron la candidatura de la izquierda en toda América Latina.
Pero ya se sabe, la decencia no vive en Washington y Bruselas. El hecho de que Estados Unidos, la OEA y la UE se preocupen ahora por las candidaturas de sus empleados en Nicaragua, mientras callan ante la masacre que el narcogobierno de Duque está perpetrando en Colombia, habla bien de su valor y neutralidad jurídica y política.
Si el comandante Ortega hubiera querido enterrar las esperanzas de la oligarquía y de los Estados Unidos habría actuado como parecen sugerir, es decir acudiendo a las urnas y arrasando con la oposición, como indican todas las encuestas.
Pero habría tenido que cerrar los ojos ante las evidentes violaciones de la ley y así confirmar e ignorar indirectamente la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.
Desde el punto de vista de la ventaja política Ortega hubiera tenido todo para ganar, en definitiva, evitar sobresaltos y dejar que la oposición se desgarre internamente, donde todos se muerden, resaltando como es un bulto de corrupción financiado desde el exterior, ciertamente no una solución para el país.
También podría haberlo hecho concediendo elecciones anticipadas en 2018-2019, cuando el horror popular ante el golpismo nihilista había alcanzado su punto álgido.
Ganar, para Ortega, habría sido pan comido. Pero hay una cuestión superior de respeto a la institucionalidad del país, a las reglas de su sistema democrático, que Washington y Bruselas se empeñan en no tener en cuenta, tal vez en la creencia de que la democracia nicaragüense, pagada con la sangre de los sandinistas, es algo con lo que se puede comerciar en el juego de la táctica política.
La chamorrada negra
En el asunto Chamorro se entremezclan cuestiones de subversión y blanqueo de dinero que implican a la Fundación Violeta Barrios Chamorro, de la que Cristiana es presidenta y responsable legal.
El exponente de la familia oligárquica nicaragüense está bajo arresto domiciliario. ¿Razón? La negativa a responder a las preguntas de la Fiscalía sobre los movimientos de dinero que constan en sus cuentas corrientes a nombre de la Fundación.
Al ser cuestionada sobre el movimiento de fondos ocultos en los informes a las autoridades monetarias y fiscales del país, la señora Chamorro dijo que «como el Departamento de Estado de EE.UU. no cree que los fondos de la CIA proporcionados por USAID puedan definirse como ilícitos, no hay razón para responder a las preguntas de los investigadores nicaragüenses«.
Es difícil encontrar una respuesta tan embarazosa en la historia de la jurisprudencia, tanto en la etapa inquisitorial como en la de juicio.
No es casualidad que con la aprobación de la ley de agentes extranjeros, que permite recibir dinero del exterior, pero obliga a los receptores, sean particulares o empresas, a documentar los movimientos ante las autoridades, la familia Chamorro cerrara las actividades de la Fundación, Funides y Cinco, los tres recaudadores de dinero ilícito destinado a actividades subversivas, en lugar de rendir cuentas.
En el asunto Chamorro se entremezclan cuestiones de subversión y blanqueo de dinero que implican a la Fundación Violeta Barrios Chamorro, de la que Cristiana es presidenta y responsable legal. El exponente de la familia oligárquica nicaragüense está bajo arresto domiciliario.
¿Razón? La negativa a responder a las preguntas de la Fiscalía sobre los movimientos de dinero que constan en sus cuentas corrientes a nombre de la Fundación.
Al ser cuestionada sobre el movimiento de fondos ocultos en los informes a las autoridades monetarias y fiscales del país, la señora Chamorro dijo que «como el Departamento de Estado de EE.UU. no cree que los fondos de la CIA proporcionados por USAID puedan definirse como ilícitos, no hay razón para responder a las preguntas de los investigadores nicaragüenses».
Es difícil encontrar una respuesta tan embarazosa en la historia de la jurisprudencia, tanto en la etapa inquisitorial como en la de juicio.
No es casualidad que con la aprobación de la ley de agentes extranjeros, que permite recibir dinero del exterior, pero obliga a los receptores, sean particulares o empresas, a documentar los movimientos ante las autoridades, la familia Chamorro cerrara las actividades de la Fundación, Funides y Cinco, los tres recaudadores de dinero ilícito destinado a actividades subversivas, en lugar de rendir cuentas.
No está claro por qué el poder judicial nicaragüense debió cerrar los ojos y los oídos ante las acciones de Cristiana Chamorro, a menos que quiera afirmar que el anuncio de su entrada en política conlleva inmunidad y resuelve por sí mismo todas las acusaciones penales pasadas y presentes.
Resulta extraño, pues, que lo pida Estados Unidos, donde varios candidatos presidenciales se han sacado de la competición aunque sólo sea por no haber pagado las contribuciones para la ayuda doméstica, basándose en el principio de que mentir o burlar las leyes representa una incompatibilidad con el cargo público.
¿Por qué la severidad estadounidense es signo de democracia y la nicaragüense de dictadura?
Nicaragua no es un protectorado de Estados Unidos, como sueñan los Chamorro. Como todos los países del mundo, tiene su propio ordenamiento constitucional y una jurisprudencia articulada en sus propios Códigos Penal y Civil y, asì como tiene normas que regulan la actividad privada, prevé derechos, deberes y requisitos para todos aquellos que están llamados a desempeñar una función pública.
Para ello la ley establece normas y requisitos obligatorios, como en todo el mundo.
Como en cualquier otro país, en Nicaragua todos los ciudadanos están llamados a comportarse con respeto a las leyes independientemente de sus opiniones y ambiciones políticas.
La objetividad de las leyes es, al fin y al cabo, el principal instrumento para garantizar la igualdad sustancial. ¿O se prefiere el modelo somalí-libio, basado en el feudalismo?
El papel de USAID
Desde hace varios años, el Gobierno de Estados Unidos ha descubierto la viabilidad de la subversión interna en países considerados hostiles.
En los balances de muchas instituciones públicas y asociaciones privadas de Estados Unidos surgen cifras y flujos de inversión destinados a la diplomacia paralela de la Casa Blanca. Se venden a la opinión pública como ayuda humanitaria, pero son una de las armas preferidas por EEUU en su injerencia interna en otros países.
USAID, Ned, Freedom House, Iri, Idi, son las agencias estadounidenses que proporcionan la mayor parte de los fondos destinados a la desestabilización de los países no «obedientes».
Se asocian las ONG europeas, españolas en particular, pero no sólo. Se generan y financian actividades subversivas para crear un clima de ingobernabilidad, basado en el odio y la violencia (disfrazados de proyectos democráticos), que reduzcan el consenso hacia el gobierno.
El dinero se envía a organizaciones antigubernamentales que, al declararse como tales, reciben cuotas.
Y el negocio es redondo: cuanto mayor sea la capacidad de estos organismos para demostrar su actividad, mayores serán, en términos porcentuales, las sumas que llegarán. Los periódicos, las ONG, los partidos y los sindicatos se financian (y a menudo se construyen) con el objetivo de conspirar y elevar el conflicto político en el país cuyo gobierno se quiere derrocar.
En una entrevista con el New York Times, en 1991, Allen Weinstein, uno de los fundadores de la NED, dijo: «Lo que la NED hace hoy es lo que solía hacer clandestinamente la CIA durante veinticinco años.
Y Marc Plattner, vicepresidente de la NED, explicó el papel de la organización de la siguiente manera: «Las democracias liberales favorecen claramente los acuerdos económicos que fomentan la globalización, y el orden internacional que apoya la globalización se basa en el dominio militar estadounidense”.
Criminales disfrazados de boy scouts
La USAID, al igual que la NED, son el brazo públicamente presentable de la CIA. Lo que la investigación de Ben Norton pone de manifiesto -como ya han denunciado otros periodistas internacionales- es el papel de la CIA en la construcción de la oposición subversiva al gobierno sandinista que comenzó inmediatamente después de la toma de posesión en enero de 2007 y culminó con el intento de golpe de Estado de 2018.
El uso de fondos estadounidenses para la desestabilización de Nicaragua se puede rastrear en todas y cada una de las acciones terroristas llevadas a cabo durante el intento de golpe de Estado de 2018.
Así como ya al año de la revolución la CIA comenzó a formar a los Contras para tratar de derribar al gobierno sandinista, del mismo modo desde el inicio de la segunda etapa de la Revolución, inaugurada con la victoria electoral de noviembre de 2006, la CIA ha iniciado sus planes subversivos para derrocar por la fuerza el resultado del voto popular.
La diferencia es que entonces la izquierda europea estaba indignada con los Estados Unidos, mientras que hoy, tras haber olvidado sus principios para acomodarse a las rodillas del imperio, está indignada con los sandinistas.
La operación de la CIA a través de la USAID prevé pasos precisos: entrenamiento en las prácticas de desobediencia política y cívica; «calentamiento» de las calles, es decir, episodios repetidos de violencia contra las instituciones y los enemigos políticos; caos y violencia para sumir al país en el miedo y favorecer la ingobernabilidad.
Al mismo tiempo, se activan todos los órganos de información afiliados dentro y fuera del país, así como cualquier institución internacional que pueda pronunciarse en apoyo del golpe, obviamente transformado en una «lucha por la libertad» de los «estudiantes pacíficos«.
¿No es así? Poco importa, la verdad no está en los hechos sino en la narración de los mismos que proporciona la corriente principal.
Es decir, la verdad no está en lo real sino que reside en lo imaginario que lo representa. Como es evidente, la libertad de prensa se convierte en la libertad de los que imprimen.
Para cerrar el círculo, Estados Unidos entra directamente en juego: se activan las sanciones internacionales, los embargos y las amenazas militares directas; se elaboran tarjetas de puntuación sobre la conformidad con las normas exigidas por Washington y se da la orden de alinearse a todos los países leales.
El país atacado por Estados Unidos debe convertirse en un objetivo para todos. Entre el terrorismo interno, las campañas mediáticas, las ofensivas diplomáticas y las sanciones, el país víctima de los objetivos de Estados Unidos está rodeado y tiene pocas posibilidades de resistir.
A menos que la resistencia se haya convertido en un hábito ganador y la hostilidad del enemigo en un hábito molesto.
El algoritmo defectuoso del golpismo
Los impulsos de la política exterior de Estados Unidos tienen su peor límite en la aplicación mecánica de una receta idéntica para la subversión, independientemente del contexto en el que se aplique.
En Nicaragua no podría haber tenido éxito, sólo hay que leer la historia y la actualidad política para saberlo.
De hecho, pensar que las condiciones vividas en otros contextos podrían haber sido determinadas indica un desconocimiento absoluto de Nicaragua, de su estructura militar, de su orden político y de la dimensión ética del sandinismo, de la obediencia absoluta del FSLN a su líder, el comandante Ortega.
Deberían haber comprendido cómo no había lugar para la aventura terrorista, cómo no era siquiera concebible derrotar al sandinismo por la fuerza.
Cómo 15 años de modernización del país, de concesión de derechos, de crecimiento económico y social, de restauración de la identidad nacional de un orgullo de país que había sido vilipendiado y aniquilado por el neoliberalismo, son un extraordinario cinturón de seguridad para el sandinismo.
Atacado en las calles, el FSLN ha defendido la solidez del entramado político con eficacia y sabiduría táctica; ha sabido controlar las ansias de revancha y transformarlas en un aumento del consenso popular; ha defendido su proyecto nicaragüense con la fuerza que era necesaria, más de la que imaginaban sus enemigos y menos de la que podían tener.
Ni Cristiana Chamorro ni nadie puede preocuparle: tras 42 años de gobierno, oposición y nuevo gobierno, el sandinismo ha demostrado estar a la altura de cualquier reto, ser maleable a cualquier tiempo y ser capaz de todo. Excepto rendirse.
Licenciado en Comunicación Social, egresado de la UNAN-León con especialización en Comunicación Digital Estratégica.